Cita requerida:
FAO y IISD. 2021. Inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios - Guía práctica para parlamentarios y asesores. Roma. https://doi.org/10.4060/cb1991es

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ISBN 978-92-5-134039-4 [FAO]
E-ISBN 978-92-5-134041-7 (MOBI)
© FAO, 2021

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Índice

Prólogo

Agradecimientos

Abreviaturas y acrónimos

Definiciones preliminares

Resumen ejecutivo

Breves testimonios de parlamentarios en diferentes regiones

Parte I: Visión general

Es necesario aumentar las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Principios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y otros instrumentos que guían y promueven las inversiones agrícolas

Los parlamentarios como actores clave para promover inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Parte II: Pasar a la acción

¿Cuál es el papel de los parlamentarios en la promoción de las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios a nivel nacional?

Nota de orientación 1.

Cómo evaluar los marcos normativos, legislativos e institucionales nacionales para las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Nota de orientación 2.

Cómo garantizar la coherencia del marco jurídico y normativo para promover eficazmente las inversiones responsables en la agricultura

Nota de orientación 3.

Cómo abogar para reformar leyes existentes y/o la adopción de nuevas leyes para promover las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Nota de orientación 4.

Cómo asegurar una financiación adecuada para la aplicación de las leyes relacionadas con las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Nota de orientación 5.

Cómo garantizar una fiscalización parlamentaria eficaz para vigilar la aplicación de las leyes y reglamentos relativos a las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Parte III: Consejos de incidencia y comunicación para los parlamentarios

Cómo promover una comunicación y colaboración eficaces con todas las partes interesadas dentro del país para promover un entorno propicio para las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

3.1. Comunicar la necesidad de aumentar la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios

3.2. Utilización de los datos para la incidencia y la toma de decisiones fundamentadas

3.3. Mensajes clave: comunicar la importancia de la inversión agrícola responsable a su público objetivo

1. En los parlamentos (plataformas, alianzas)

2. El sector privado

3. La sociedad civil

4. Sector académico y centros de investigación

Referencias

Anexos

Anexo 1

Lista de verificación de la acción parlamentaria

Anexo 2

Ejemplos de legislación que promueven las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios a nivel nacional

Ejemplos de legislaciones nacionales que incluyen disposiciones específicas que promueven las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Ejemplos de leyes y reglamentos sobre la inversión en la agricultura que se han promulgado como resultado de procesos participativos bien estructurados

Ejemplo de legislación nacional con un presupuesto adecuado asignado para su aplicación

Anexo 3

Breves estudios de casos de buenas prácticas de inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

FIGURAS

Figura 1
Principales razones por las que es necesario incrementar la inversión en la agricultura y los sistemas alimentarios

Figura 2
La agricultura como desafío y solución para el cambio climático

Figura 3
Los Principios CFS RAI

Figura 4
Un entorno propicio para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios

Figura 5
Los seis pasos para evaluar los marcos nacionales para la IAR

Figura 6
Proporción de la agricultura en el empleo total, el PIB y el crédito comercial en países de ingresos bajos

PRÓLOGO

Hace seis años, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial dio el paso histórico de aprobar los Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios (CFS RAI, por sus siglas en inglés). Desarrollado por los gobiernos, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, mediante un proceso inclusivo de múltiples partes interesadas, los CFS RAI se han convertido desde entonces en un punto de referencia sobre cómo diseñar e implementar inversiones agrícolas de manera responsable, para que estos puedan hacer una contribución significativa y alcanzar el desarrollo sostenible.

Estos principios han sido diseñados para ayudar a guiar las acciones de todos los actores involucrados en la agricultura y los sistemas alimentarios. Es importante destacar que son adaptables a los contextos locales y regionales, tomando en consideración las distintas necesidades de los actores involucrados, particularmente las de los pequeños agricultores. Su aceptación es vital para garantizar que las inversiones agrícolas puedan crear oportunidades de trabajo digno para todos los trabajadores agrícolas y de la alimentación, erradicar la pobreza, fomentar la igualdad social y de género, empoderar a los jóvenes, y promover la participación social y la inclusión. No son sólo metas ambiciosas: su cumplimiento tendrá beneficios tangibles para las sociedades, el medio ambiente y las economías nacionales y mundiales.

En el momento en que se desarrollaron los CFS RAI, los gobiernos del mundo estaban a un año de respaldar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hoy, es evidente que el cumplimiento de los ODS requiere un aumento significativo de las inversiones en la agricultura y el desarrollo rural, y que las inversiones públicas y las políticas de promoción de inversión, son fundamentales para facilitarlas y orientarlas hacia la sostenibilidad.

La situación ya era precaria antes de la pandemia de COVID-19, pero ahora está cerca de volverse mucho más grave. Los desastres y los posteriores esfuerzos de recuperación a menudo exacerban las desigualdades sociales y obstaculizan las vías de desarrollo sostenible; la actual crisis sanitaria no es una excepción. Las medidas de gran envergadura que fueron vitales para contener la pandemia mundial en su primera ola, también han tenido el doloroso traspié de profundizar las desigualdades en las sociedades, y existe un temor real de que la reducción de la inversión agrícola pueda conducir una carrera hacia el abismo, en cualquier país que busque atraer inversiones para sus sectores agrícolas.

Como todos los estándares y principios acordados internacionalmente, la verdadera prueba para los CFS RAI radica en determinar cómo pueden convertirse en una realidad global para aquellos a quienes pretenden servir, especialmente durante tiempos de crisis, así como posterior a ellas. Los CFS RAI deben incorporarse en las legislaciones y los reglamentos nacionales de cada país, así como en las políticas de responsabilidad social empresarial y en los contratos individuales que cubren todos los tipos de inversión a lo largo de las cadenas de valor agrícola y de los sistemas alimentarios.

Para llevar los CFS RAI al siguiente nivel, son esenciales las políticas transparentes y estables, los marcos legales y los incentivos a nivel nacional y regional. Lo anterior, solo puede habilitarse si los “agentes de cambio” de todo el mundo están conscientes de la importancia de las inversiones responsables. El papel de los parlamentarios es fundamental, ya que están a cargo de adoptar legislaciones nacionales proactivas y de la aprobación las asignaciones presupuestarias, así como de garantizar la responsabilidad de los gobiernos para la implementación efectiva de los compromisos, teniendo en cuenta los contextos y las necesidades específicas de sus electores.

Esta guía, que reúne la larga experiencia de la FAO y el IISD en el trabajo con parlamentos en diferentes regiones del mundo, es una herramienta invaluable para informar e inspirar a los parlamentarios y sus asesores a avanzar en el camino de posicionar los CFS RAI en la agenda pública, en el proceso de redacción legislativa, en la aprobación de presupuestos y en la fiscalización de las políticas. Proporciona herramientas para la acción, describe el tipo de política pública que se requiere, asegurando la coherencia, la participación y la sostenibilidad. Además, proporciona ejemplos de esfuerzos ya puestos en marcha en diversos países para aplicar la inversión responsable en la agricultura, reflejando la relevancia de trabajar en conjunto con distintos actores. Para que sea de gran utilidad, la guía se centra en los principales intereses indicados por más de 25 miembros del parlamento y asesores de diferentes regiones. También fue revisada por miembros del parlamento y asesores, quienes compartieron generosamente sus perspectivas, conocimientos y experiencias.

La pandemia de COVID-19 le ha dado al mundo un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de abordar todo tipo de desigualdades. Mientras navegamos en este nuevo capítulo, marcos como los CFS RAI pueden hacer una diferencia tangible para garantizar que nuestros esfuerzos por desarrollar economías y sociedades más justas, no sean en vano. Estos son tiempos de compromiso y cooperación, y los miembros del parlamento son el enlace entre la ciudadanía y los gobiernos; es su tarea la creación de contextos y la demanda de resultados.

Esperamos que esta guía sea una útil contribución para apoyar la adopción de estos principios, al inspirar más conversaciones y acciones sobre el valor de la inversión agrícola responsable, para la tan necesaria transformación hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

Agradecimientos

Esta publicación es el producto de una gran colaboración entre varios departamentos y divisiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés), varios miembros del parlamento y asesores parlamentarios de diferentes países, así como a personas de otras organizaciones, coordinada por Emma Jessie McGhie (autora principal), bajo la dirección de Michael Riggs.

Los siguientes expertos contribuyeron a desarrollar diferentes partes de la guía: Stefanie de Buck, Yannick Fiedler, Jana Herold, Valerie Johnston, Teresa Lamas Menéndez, Julia Magot, Víctor Quezada Navarro, Jean-Léonard Touadi de FAO; Sarah Brewin, Nyaguthii Maina, Sophia Murphy, Carin Smaller, Kulthoum Omari, Suzy Nikiema y Joe Zhang coordinados por Francine Picard en IISD; y un equipo de investigadores coordinados por Adolfo Cazorla de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Además de los expertos anteriores, la autora principal expresa su más sincero agradecimiento a todos los colegas que revisaron los diferentes borradores de la publicación: Farrah Adam, Diana Carter, Manuela Cuvi, Juan Fidel Rodríguez, Juan Carlos García Cebolla, Katarzyna Jaskiewicz, Veronika Juch, Jesper Karlsson, Claire Mason, Felix Marttin, Chiara Nicodemi, Hendrik Jan Ormel, Martha Osorio, Maud Oustry, Serena Pepino, Marta Ramón Pascual, Bárbara Villar, Dandan Xu, con especial agradecimiento a Víctor Quezada Navarro quien participó en todas las reseñas.

Merece un reconocimiento particular el papel clave desempeñado por los siguientes miembros del parlamento de diferentes países, que generosamente prestaron su tiempo, energía y experiencia para revisar un borrador avanzado de la guía: Antonie Banvidi, Jean Kouka y Romaric Oyo Embounou (Congo), Teresa Calix (Honduras), Kone Dognon (Côte d’Ivoire), Jairo Flores (Guatemala, y coordinador de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe) Silvia Giacoppo (Argentina), Mauricio Proaño (Ecuador), Françoise Uwumukiza (Ruanda) y Abdoulaye Wilane (Senegal). La autora principal quiere también agradecer dos ex parlamentarios: Juliana Kantengwa (Ruanda), y Sisa Njikelana (Sudáfrica).

Se recibieron comentarios particularmente útiles de varios asesores parlamentarios: Roland Olivier Akissi (Côte d’Ivoire), Senghore Badou (Gambia), Some Bertin (Burkina Faso), Fabrice Bitsindou y Macaire Likanda Bodinga (Congo), Martín Bordón, Patricio della Giovanna y Hernán López (Argentina), Wania Espinoza (Ecuador), Rosa Martínez (Paraguay), Analie Ortiz (Guatemala), Oscar Salatiel (Honduras) y Aleida Tovar (México).

Un agradecimiento especial para Allan Chiyembekeza, Flora Perdomo y Soraya Rodríguez, miembros del Parlamento de Malawi, Colombia y la Unión Europea respectivamente, por tomarse el tiempo para compartir sus historias personales con todos los lectores de esta publicación.

La autora principal desea agradecer a los incansables colegas de la FAO en diferentes oficinas regionales y nacionales, que trabajaron arduamente para garantizar la participación e insumos de los parlamentarios y asesores en las distintas fases de desarrollo de la guía. Especialmente a los colegas del “Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre - 2025: En tiempos de COVID 19”, liderado por Luis Lobo, y conformado por Daniela Marín, Cindy Silva, Javiera Vega y Bárbara Villar. Asimismo, a Roland Odende de FAO Congo y a Francine Picard de IISD.

Un sincero agradecimiento a John Simpson de Blueglass Partners, Katie Minderhoud y Nicholas Jengre de Solidaridad Network y Kalindi Lorenzo de Natural Habitats Sierra Leone por compartir sus casos prácticos.

También se agradece a aquellas personas que ayudaron a determinar los principales intereses de los parlamentarios y asesores al participar en la Encuesta: Guía para parlamentarios sobre inversiones agrícolas responsables, distribuida en 2019.

Los autores también expresan su agradecimiento a Cristophe Machado y Alicia García, quienes tradujeron el primer borrador del documento permitiendo así una mayor circulación para comentarios, Giulia Fanelli por la maquetación y elementos gráficos, con el apoyo de Carolina Saiz, y Alice Lloyd y Verónica Román por el trabajo editorial.

La FAO agradece el generoso apoyo financiero otorgado por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL) en el marco del proyecto “Mejora del entorno propicio para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios”.

Abreviaturas y acrónimos

CFS RAI Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios (por sus siglas en inglés)

CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

EUR Euro

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IAR Inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios

IED Inversión extranjera directa

IISD Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (por sus siglas en inglés)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONU Organización de las Naciones Unidas

PARLATINO Parlamento Latinoamericano y Caribeño

PMA Programa Mundial de Alimentos

PIB Producto interior bruto

RIA Evaluación del Impacto Regulatorio (por sus siglas en inglés)

UIP Unión Interparlamentaria

USD Dólar estadounidense

Definiciones preliminares

La presente guía entenderá por “parlamentarios” a los miembros de un parlamento, hombres y mujeres, democráticamente electos y representantes de la ciudadanía y/o votantes. Los parlamentarios pueden contar con distintas denominaciones acordes a la estructura del Estado de cada país, por ejemplo, diputados o senadores.

La figura de “asesores” involucra a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que dan soporte al trabajo legislativo de los parlamentarios. Éstos pueden categorizarse como asesores directos, dentro de un mismo equipo de trabajo o gabinete; o indirectos, como aquellos pertenecientes a una comisión temática, Frente Parlamentario, Biblioteca Parlamentaria u otro ente de similares características.

A lo largo de la presente guía, nos referiremos a parlamentarios y asesores en su sustantivo masculino con el entendimiento que este incluya a parlamentarias y asesoras, por motivos de extensión y redacción.

Resumen ejecutivo

Esta guía práctica está dirigida a los miembros del parlamento y a los asesores parlamentarios, que son considerados “agentes de cambio”. Proporciona una descripción general completa y sistemática del papel que ambos pueden desempeñar en la creación de “entornos propicios” fiables, coherentes y transparentes en las diversas áreas relacionadas con la inversión en agricultura y los sistemas alimentarios.

La guía no lo hace a través de un catálogo de instrucciones, sino mediante notas de orientación, ejemplos de buenas prácticas e indicaciones muy concretas. No tiene como objetivo proporcionar un plan de acción que deba implementar cada parlamento, sino que establece las etapas clave de los procesos y mecanismos que los parlamentarios y asesores deben considerar al momento de promover la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios.

La Parte 1 de esta guía presenta los Principios para la Inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y explica:

• por qué hay una necesidad urgente de aumentar la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios: los altos niveles de desnutrición y pobreza (exacerbados por el impacto de la COVID-19), el crecimiento de la población y la urbanización, la creciente demanda de dietas más intensivas en recursos, el cambio climático y sus severos impactos;

• qué es la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios: “La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios contribuye al desarrollo sostenible al generar impactos socioeconómicos y ambientales positivos, mejorando la seguridad alimentaria y la nutrición. Requiere respetar, proteger y cumplir progresivamente los derechos humanos”;

• y cómo puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los planes de desarrollo nacionales: aumentando el apoyo a los pequeños agricultores, involucrando y empoderando a los jóvenes, cerrando la brecha de género y mejorando el acceso a las infraestructuras, los servicios públicos y la financiación agrícola. Y, en general, invirtiendo en la producción sostenible de alimentos inocuos y nutritivos, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar su inclusión en el sistema alimentario, dando prioridad a las poblaciones vulnerables y adoptando un enfoque de la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos, en consonancia con el espíritu de los ODS, de abordar las desigualdades y asegurarse de que nadie se quede atrás.

En la Parte 2, a través de notas de orientación específicas, se guía a los parlamentarios y a los asesores mediante acciones concretas que pueden implementar en sus países para mejorar y aumentar las inversiones. Acciones como: ejecutar una evaluación de los marcos normativos, legislativos e institucionales nacionales; garantizar la coherencia en el marco legal y político; abogar por reformar leyes existentes y/ o adoptar nuevas leyes; garantizar una financiación adecuada para la aplicación de las leyes relacionadas con las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios y asegurar una supervisión parlamentaria eficaz.

Además de su papel esencial para la promulgación de leyes y la aprobación de presupuestos, y de garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos por el cumplimiento efectivo de los compromisos, los parlamentarios y los asesores son custodios de los planes de desarrollo sostenible de su país y tienen la responsabilidad estratégica de sensibilizar a los ciudadanos en cuestiones de suma importancia.

A fin de apoyar a los parlamentarios y los asesores en la creación de asociaciones efectivas con otras partes interesadas, como otros parlamentarios, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, la Parte 3 proporciona mensajes clave personalizados que pueden usarse ad hoc en reuniones, conferencias y otros tipos de comunicaciones, como informes, comunicados de prensa y redes sociales. Incluye explicaciones útiles sobre cómo los datos y las estadísticas a nivel de país pueden respaldar las actividades de promoción y comunicación.

En el Anexo 1 se incluye una lista de verificación de las medidas que los parlamentarios pueden emprender para establecer las condiciones adecuadas para aumentar la cantidad y calidad de las inversiones agrícolas.

Para fortalecer aún más las capacidades de los parlamentos, el Anexo 2 presenta algunos ejemplos de leyes que son relevantes para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de varios países. Muestra desafíos y éxitos, al tiempo que indica su impacto y contribución potencial a los ODS.

Finalmente, en el Anexo 3 se encuentran breves estudios de casos de inversiones agrícolas reales, que demuestran que invertir de manera responsable en el sector no solo es posible, sino que también es beneficioso a muchos niveles.

Breves testimonios de parlamentarios en diferentes regiones

Hon. Flora Perdomo, Miembro de la Cámara de Representantes e integrante del Frente Parlamentario Contra el Hambre de Colombia

En mi trayectoria política y personal he visto de cerca las dificultades que enfrentan las poblaciones más vulnerables y las y los agricultores familiares, sobretodo del Municipio de Campoalegre, en el Departamento de Huila, que represento, para comercializar sus productos, conseguir créditos y vivir con dignidad de la agricultura. Es por ello, que como miembro del Frente Parlamentario de Colombia he impulsado la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar. Esta ley, que incorpora y promueve las inversiones responsables en la agricultura, contribuirá a mejorar las condiciones de vida del campesinado en mi país. Con este fin, trabajaré de manera incansable para que esta ley se cumpla a cabalidad.

Hon. Allan Chiyembekeza, Miembro de la Asamblea Nacional de Malawi

Comprendí el desafío de hacer que las inversiones fueran responsables cuando escuché relatos de primera mano de comunidades vulnerables que se habían visto afectadas negativamente por las inversiones, incluidas aquellas que habían sido despojadas de sus tierras. Después de eso, estaba decidido a asegurarme de que las poblaciones vulnerables fueran escuchadas para que pudieran beneficiarse de todo tipo de inversiones en tierras. Iniciamos una campaña continental con mis homólogos parlamentarios en el Parlamento Panafricano y, posteriormente, hicimos recomendaciones claras a la Comisión de la Unión Africana para desarrollar un código de conducta para que todas las inversiones en África sean equitativas y responsables, y así garantizar que los países y las comunidades se beneficien. Como resultado, se adoptaron los Principios Rectores sobre las Inversiones a Gran Escala Basadas en la Tierra.

Hon. María Soraya Rodríguez Ramos, Miembro del Parlamento Europeo (España) e integrante de la Alianza Parlamentaria Europea contra el Hambre y la Malnutrición

En 2012, visité Dadaab, el campo de refugiados más grande del mundo situado en Kenia, en la frontera con Somalia. En esta época, la sequía más severa en más de 60 años y la hambruna habían devastado amplias zonas del cuerno de África.

Tan solo 80 km separan este campo en Kenia de Somalia. Son 80 km que los refugiados recorren sin alimentos, sin agua.

Recuerdo a una madre con sus hijos que acababa de llegar al campo. Uno de ellos se encontraba en una situación de desnutrición aguda. Era imposible calcular su edad. Nunca había visto la desnutrición aguda de cerca, y la imagen es devastadora.

Todos los esfuerzos que realizaron los médicos del Hospital de campaña de Médicos Sin Fronteras fueron inútiles. Cuando retiraron su pequeño cuerpo, ninguna señal se percibía en la cama que había ocupado. Ni una sola arruga en la sábana, ni una sombra de su presencia.

Entonces comprendí cómo el hambre te anula antes de matarte. Cómo hace invisibles a sus víctimas e insensibles a las sociedades ante esta enorme tragedia. Comprendí perfectamente que el hambre no es un problema de producción de alimentos sino de respeto y protección de Derechos. El hambre es una flagrante violación de los derechos humanos.

El hambre se puede evitar, así como son evitables todas las muertes de niños y niñas devorados por la desnutrición ante la mirada de dolor infinito de una madre. Reconocer que el hambre es evitable es algo terrible pero también esperanzador. El hambre no es un desastre natural. Es evitable y su solución también pasa por nuestras manos. Necesitamos, como ciudadanos y responsables parlamentarios, la promoción activa y conjunta de un mundo más justo en el que el hambre no tenga cabida.

Parte I:
Visión general

Es necesario aumentar las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El hambre y la malnutrición han ido en aumento en todo el mundo desde 2015, volviendo a los niveles que se observaban hace casi 10 años. Al momento de escribir esta guía (2020), más de 820 millones de personas, es decir, una de cada nueve, no tienen alimentos suficientes para comer (FAO, FIDA, PMA, OMS y UNICEF, 2019). La pandemia del COVID-19 y los consiguientes cierres de fronteras, cuarentenas y alteraciones en los mercados, las cadenas de suministros de alimentos y el comercio, están teniendo efectos adversos en la economía mundial, incluidos los sistemas agrícolas y alimentarios (FAO, 2020a). Se prevé que esto exacerbe gravemente la situación, golpeando duramente a los más vulnerables. El número de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda–que actualmente se estima en 135 millones (FSIN, 2020)–, podría duplicarse (PMA, 2020). Asimismo, se prevé que las tasas de pobreza aumenten. En comparación con las proyecciones de 2019, anteriores al COVID-19, el número de personas que vive en la pobreza extrema, es decir, con menos de 1,90 dólar estadounidense (USD) al día, cifrado actualmente en 736 millones o el 10% de la población mundial, podría aumentar en más de 100 millones en los próximos dos años (Banco Mundial, 2020a).

Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad siguen aumentando en todas las regiones (FAO, FIDA, PMA, OMS y UNICEF, 2019), con sorprendentes costes humanos y económicos para todos los países. A la luz de la pandemia actual, esta evolución es aún más preocupante ya que las personas con enfermedades no transmisibles, que están estrechamente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad (OMS, 2020a), parecen tener un mayor riesgo de padecer cursos graves de la COVID-19 y, por lo tanto, son más vulnerables (OMS, 2020b).

Esta crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes a nivel mundial se suma a los efectos de otras crisis y emergencias. Hay evidencias alarmantes de que ya se han alcanzado o superado importantes puntos de inflexión relacionados con la subida de la temperatura media mundial y el nivel medio del mar en el mundo, lo que ha dado lugar a cambios irreversibles en los principales ecosistemas y el sistema climático planetario (ONU, 2020). Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero son más altas que nunca. Es muy probable que hayan sido la principal causa del calentamiento global observado desde mediados del siglo XX en nuestro planeta (IPCC, 2014). La emisión continua de gases de efecto invernadero causará más calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático, aumentando la probabilidad de que se produzcan impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. Se prevé que el cambio climático reducirá el rendimiento de los cultivos, la acuicultura, la producción ganadera y la calidad de los alimentos en muchas regiones del mundo, en particular, en las regiones más vulnerables. Los efectos del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, la propagación de plagas y enfermedades, la pérdida de la diversidad biológica y la degradación de los recursos naturales, incluida la escasez de agua, están poniendo en peligro la seguridad alimentaria y la nutrición y provocando migraciones forzosas (FAO, 2018a).

Si no se toman medidas drásticas hoy, la adaptación a estos impactos en el futuro será más difícil y costosa (ONU, 2020).

Además, se estima que la población mundial aumente hasta los 9 700 millones de personas en 2050 (ONU, 2019), con el consecuente incremento en la demanda de alimentos y forraje. La urbanización continuará a un ritmo acelerado y alrededor del 70% de la población mundial vivirá en ciudades (FAO, 2009), frente al 55% registrado en 2018 (ONU, 2018a). Esto, junto con el aumento de los ingresos, está impulsando una transición de los patrones de consumo hacia dietas más intensivas en recursos. Por ejemplo, un mayor consumo de alimentos de origen animal, cuya producción requiere más tierra y agua que los alimentos de origen vegetal, y por lo tanto tiene un impacto negativo mayor en el medio ambiente (Instituto de Recursos Mundiales, 2016).

Invertir en la agricultura y las zonas rurales es tres veces más eficaz para reducir la pobreza que invertir en otras industrias (FAO, 2017). En los países de bajos ingresos, la agricultura proporciona actualmente empleo a cerca del 60% de su población (Banco Mundial, 2020b), de modo que la mayoría de las personas que vive en esos países obtienen sus medios de subsistencia de dicho sector. Al mismo tiempo, la pobreza se concentra principalmente en las zonas rurales (ONU, 2018b; FAO, 2018b). Por lo tanto, el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals Knowledge Platform, 2020), en particular los ODS 1 y 2, dependerá de que se aproveche el potencial de crecimiento económico de las zonas rurales. La inversión en la agricultura y los sistemas alimentarios requiere, en primer lugar, aumentar el apoyo a los pequeños agricultores y abordar limitaciones como el acceso a infraestructura, a servicios públicos y financiación agrícola, a fin de posibilitar medios de vida viables, reducir riesgos y aumentar la resiliencia (FAO, 2018b) y, de una forma más general, apoyar la inversión en estrategias alimentarias sostenibles (como, por ejemplo, la estrategia de la Unión Europea De la granja a la mesa) (Comisión Europea, 2020a).

Al mismo tiempo, esto contribuiría a revitalizar un sector agrícola que actualmente se caracteriza por el envejecimiento de la mano de obra y garantizaría la cobertura de la creciente demanda de alimentos. Se prevé que entre 2015 y 2030 la población de personas de 15 a 24 años aumentará en unos 100 millones, hasta alcanzar los 1 300 millones a nivel mundial (ONU, 2015). Si estas generaciones son capaces de ganarse la vida con la agricultura, incluso como emprendedores o empleados, podrían ser una fuerza impulsora del desarrollo y contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, reducir al mínimo el desempleo juvenil, hacer más sostenible la producción de alimentos y reducir la migración forzosa. Del mismo modo, la reducción de la brecha de género en las inversiones agrícolas generaría importantes beneficios. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en un 20-30%, incrementando la producción agrícola total de los países en desarrollo en un 2,5-4%, reduciendo así el número de personas que padecen hambre en el mundo en un 12-17% (FAO, 2011).

Sin embargo, el nivel actual de inversiones en el sector de la agricultura y los sistemas alimentarios es insuficiente para erradicar la pobreza y el hambre, especialmente en las zonas rurales. A nivel mundial, menos del 10% del gasto público se dedica a la agricultura, y en las últimos tres décadas, la participación de la agricultura en el total de la inversión extranjera directa y los créditos a nivel mundial ha sido inferior al 5%. De cara al futuro, es probable que la recesión mundial prevista a causa de la COVID-19 afecte negativamente y disuada la toma de decisiones sobre las inversiones tanto públicas como privadas.

Sin embargo, el aumento de la producción agrícola mediante el incremento de las inversiones no basta para lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, especialmente si tenemos en cuenta que se estima que un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia (FAO, 2020b).

Es necesario cambiar el paradigma y entender que las inversiones agrícolas deben tener por objeto aumentar la producción sostenible de alimentos inocuos y nutritivos[1], y también dirigirse a otros componentes del sistema alimentario. Estos componentes no solo incluyen la totalidad de la cadena de suministro de alimentos, desde la producción de estos hasta su almacenamiento, procesamiento, transporte, comercialización y venta al por menor (por ejemplo, las inversiones en la mejora del almacenamiento y el transporte podrían contribuir a reducir la pérdida de alimentos). A fin de mejorar los resultados en materia de nutrición y salud, y establecer sistemas alimentarios sostenibles, las inversiones también deben dirigirse a los entornos alimentarios a través de educación alimentaria y nutricional[2], necesaria para abordar un cambio en los comportamientos y las dietas de los consumidores (HLPE, 2017) , y contribuir a mejorar el acceso y la inclusión en el sistema alimentario.

Aún más en el contexto de la COVID-19, ya que la pérdida de ingresos y de puestos de trabajo está afectando sobre todo a los trabajadores agrícolas informales, especialmente a las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los trabajadores migrantes (FAO, 2020c; OIT, 2020), es fundamental dar prioridad a las poblaciones vulnerables más afectadas, crear oportunidades de empleo digno y adoptar un enfoque de la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos (FAO, 2005), en línea con el marco de los ODS y la voluntad de abordar las desigualdades y asegurar que nadie se quede atrás. La aplicación de principios generales como la consulta y la participación, la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental para este proceso.

Además, debemos tener presente que la agricultura (en una definición amplia que incluye la pesca, la silvicultura y la ganadería) y los sistemas alimentarios son los principales impulsores del cambio climático. Sin embargo, también pueden ser parte de la solución si se someten a una transformación estructural que permita reducir las emisiones, disminuir el carbono y aumentar la resiliencia y la adaptación al clima (FAO, 2020d y FAO, 2019a).

Esta transformación incluye, entre otros elementos clave, la ampliación del uso de la tecnología y la innovación, el apoyo a la conservación de la diversidad biológica y los recursos genéticos y la integración de los conocimientos tradicionales y científicos.

Esta necesidad de cambiar la forma en que se realizan las inversiones agrícolas, hacia un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, se ha hecho aún más evidente con la COVID-19, ya que ha puesto de relieve la complejidad, la fragilidad y la interconexión de nuestros sistemas alimentarios mundiales.

En resumen, para asegurar que las inversiones en los sistemas agrícolas y alimentarios produzcan resultados beneficiosos es fundamental garantizar que sean responsables y se orienten al logro de beneficios sociales, económicos, culturales y ambientales, al tiempo que se reduzcan al mínimo los efectos negativos. De lo contrario, existen riesgos importantes de efectos adversos que contribuyen al riesgo de que una inversión errónea obstaculice el desarrollo sostenible, como la inseguridad alimentaria (desplazamiento de la producción a cultivos no alimentarios), los daños ambientales que contribuyen al cambio climático (como la deforestación severa del Amazonas (BBC NEWS, 2020)) , y la violación de los derechos humanos (por ejemplo, desalojos forzosos en la violación del derecho a una vivienda adecuada) (Cordes, 2018).

Los Principios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y otros instrumentos que guían y promueven las inversiones agrícolas

Esta definición está basada en los “Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios”(Principios CFS RAI, por sus siglas en inglés), adoptados en 2014 por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. La adopción se produjo través de un proceso de negociación inclusivo, durante el cual y por primera vez, 126 Miembros (125 países más una organización miembro, la Unión Europea) (FAO, 2020e), el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas y el mundo académico, pudieron discutir sobre lo que constituye una inversión responsable.

Los Principios CFS RAI (los CFS RAI en adelante) se basan en dos instrumentos anteriores aprobados por el CSA: las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (“Directrices sobre el derecho a la alimentación”, 2004) (FAO, 2005) y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (“DVGT”, 2012) (FAO, 2012).

Los CFS RAI tienen un alcance amplio, que abarca todo tipo de inversiones en las cadenas de valor agrícolas y los sistemas alimentarios, e integran a todas las partes interesadas que participan en las inversiones agrícolas, aquellas que se beneficien de ellas o se vean afectadas por las mismas. Proporcionan un marco holístico alineado con los principios de sostenibilidad que persiguen los ODS.

El tipo de inversiones identificadas por los CFS RAI aportan empleo, mejoran los medios de vida sostenibles, reducen la pobreza, fomentan la igualdad de género y ofrecen oportunidades a los jóvenes. Además, tienen por objeto apoyar la resiliencia de las comunidades frente a futuras crisis y desastres.

Los CFS RAI han sido incluidos en la elaboración de una guía práctica sobre la conducta empresarial responsable para las empresas que operan en el sector agrícola: la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola (OCDE y FAO, 2017).

También han sido adaptados por la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) para incorporar y reflejar las diversas circunstancias regionales en las Directrices de la ASEAN para promover la inversión responsable en la alimentación, la agricultura y la silvicultura (ATWGARD, 2018), aprobadas en octubre de 2018.

El listado que sigue a continuación indica otros instrumentos regionales que promueven mejores inversiones agrícolas:

• Los Estados Miembros de la Unión Africana aprobaron la Declaración de Malabo sobre la aceleración del crecimiento y la transformación de la agricultura para la prosperidad compartida y la mejora de los medios de vida en 2014 (AUDA y NEPAD, 2014), para hacer frente a los desafíos agrícolas de África, desbloquear así el crecimiento económico inclusivo, beneficiar a los pequeños agricultores, impulsar la producción de alimentos y poner fin al hambre; y los Principios básicos para las inversiones en África a gran escala basadas en la tierra, para asegurar que las inversiones en la tierra beneficien a los Estados Miembros y a las principales partes interesadas (Unión Africana et al., 2014).

• La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración de Cochabamba sobre Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas en 2012 (OEA, 2012). Los Estados Miembros reconocieron la importancia fundamental de aumentar y mejorar la inversión en investigación y producción de alimentos, a fin de lograr la seguridad alimentaria y nutricional para todos, y declararon su disposición a seguir adelante con políticas públicas de promoción de inversión público-privada en el sector agrícola, prestando especial atención a los pequeños agricultores.

• La Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria (FAO, 2013), adoptada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 2012, promueve “inversiones hacia la consolidación de una estructura productiva agroalimentaria nacional sostenible y competitiva, que también contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población en general, y en especial de las familias rurales, donde son mayores los problemas de inseguridad alimentaria”.

• En la misma línea, el Marco Normativo para la Seguridad Alimentaria con Calidad Nutricional y Respecto a las Políticas de Soberanía Alimentaria de los Estados Miembros del Parlamento Andino aprobado en 2017 (Parlamento Andino, 2017) promueve “la inversión para fomentar la producción agrícola sostenible priorizando el apoyo a los pequeños productores”.

• La Declaración de la Cumbre Parlamentaria Mundial Contra el Hambre y la Malnutrición, adoptada por consenso en 2018 por parlamentarios de más de 60 países, representantes del PARLATINO, del Parlamento del Mercosur (PARLASUR), del Parlamento Europeo, de la Unión Interparlamentaria, entre otros, reconoce la necesidad de “crear un entorno propicio para las inversiones responsables en el sistema alimentario” (FAO, 2018c).

• Recientemente, en agosto de 2020, la FAO y el PARLATINO adoptaron una Declaración Conjunta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre el “Aumento de La Inversión Responsable en Agricultura y Sistemas Alimentarios ante la Crisis por COVID-19” (Parlatino y FAO, 2020), basada en los CFS RAI.

• El Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea aprobado en 2017 (Comisión Europea, 2020b), y particularmente el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es impulsar la inversión en los países asociados de África y la Vecindad Europea para aumentar el desarrollo sostenible, están plenamente alineados con las directrices acordadas internacionalmente como los CFS RAI (Unión Europea, 2017).

• Por último, el Pacto Verde Europeo y su Plan de Inversiones, la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 y la Estrategia “de la Granja a la Mesa” (Unión Europea, 2019), promueven y fomentan la inversión sostenible, incluyendo en la agricultura.

En varios países se han aprobado algunas leyes nacionales relevantes sobre la inversión responsable en agricultura y los sistemas alimentarios (véase el Anexo 2 de la presente guía).

Los parlamentarios como actores clave para promover inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

La Agenda 2030 reconoce que “los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas” (ONU, 2015). Los parlamentarios y los asesores parlamentarios son los custodios de los compromisos de su país con el desarrollo sostenible, transformando esos compromisos en instrumentos legislativos y políticas estatales de largo plazo. Como representantes electos, los parlamentarios tienen una relación directa con los ciudadanos de su país más que cualquier otro funcionario estatal (UNDP, 2017).

Como se ha explicado en la sección anterior, las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios pueden contribuir de manera fundamental al logro del desarrollo sostenible. Dado que los CFS RAI y otros instrumentos mencionados son voluntarios y no vinculantes, es necesario transformarlos en marcos nacionales mediante la labor de los parlamentarios y asesores parlamentarios para promover un cambio real a nivel nacional.

Esto significa fortalecer el entorno propicio para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, es decir, establecer las condiciones adecuadas para aumentar la cantidad y la calidad de las inversiones agrícolas. Un entorno nacional propicio para la inversión responsable en la agricultura está configurado por las políticas, leyes, reglamentos, mecanismos de vigilancia, incentivos e instituciones del país, y debe tener las siguientes características:

• Coherencia de las políticas.

• Transparencia, inclusión y participación efectiva de todas las partes interesadas pertinentes en el desarrollo, establecimiento y aplicación del entorno propicio.

• Armonización de los marcos legal, reglamentario e institucional del país con los CFS RAI.

• Coordinación institucional e implementación efectivas.

Parte II:
Pasar a la acción

¿Cuál es el papel de los parlamentarios en la promoción de las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios a nivel nacional?

Las funciones de los parlamentarios y asesores difieren de un país a otro, pero todos pueden desempeñar un papel fundamental en el impulso de la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios en sus países, a nivel regional y a nivel mundial. La trascendencia de estas últimas esferas (regional y mundial) están debidamente reconocidas y valoradas, pero para los objetivos de la presente guía nos basaremos en las labores que los parlamentarios y asesores pueden desempeñar a nivel nacional y en coherencia con sus cuatro funciones democráticas (UIP y UNESCO, 2004).

La posición estratégica de los parlamentarios es fundamental, por un lado, para promover el aumento de las inversiones públicas en el sector agrícola, especialmente en las zonas rurales. Por ejemplo: para el suministro de bienes y servicios públicos, incluidos las infraestructuras, la energía, la investigación y el desarrollo. También pueden contribuir a establecer las condiciones para aumentar las inversiones privadas. Estas son las realizadas por los pequeños agricultores, las empresas de tamaño medio y los inversores a mayor escala de la agroindustria, asegurando al mismo tiempo que se establezcan salvaguardias bien definidas para proteger los intereses legítimos y evitar daños al medio ambiente y a las comunidades. Por último, pueden poner en marcha medidas que faciliten la complementariedad entre los diferentes tipos de inversiones, contribuyendo así al desarrollo sostenible (por ejemplo, la financiación combinada) (OCDE, 2018).

Los parlamentarios y asesores también desempeñan un papel fundamental en la sensibilización publica sobre los retos y oportunidades relacionados con la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, y en garantizar de que las inversiones beneficien a las comunidades y no pongan en peligro a los grupos vulnerables.

La presente guía ofrece orientación sobre cinco medidas concretas que los parlamentarios pueden adoptar para mejorar las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios en su país o región. Aunque existan muchas otras medidas disponibles (véase la Lista de verificación para la acción parlamentaria en el Anexo 1), estas cinco se seleccionaron y elaboraron sobre la base de una encuesta realizada por la FAO en 2019 en la que parlamentarios y asesores de varios países indicaron sus principales intereses.

Nota de orientación 1. Cómo evaluar los marcos normativos, legislativos e institucionales nacionales para las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios (FAO, 2019b)

Para empezar a implementar mejoras y reformas, esta evaluación ayudará a identificar los vacíos o superposiciones en las leyes, políticas e instituciones que rigen la inversión en la agricultura y los sistemas alimentarios. Lo ideal sería que dicha evaluación se llevara a cabo por un equipo de trabajo multiactor, que puede ser independiente o estar vinculado a un comité temático dentro del Parlamento. Además, es pertinente que incluya voces diversas en cuanto a sus conocimientos especializados, intereses y sectores (público, privado y sociedad civil), garantizando una representación significativa de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. La evaluación debería comprender los siguientes pasos:

PASO 1
Determinar el contexto jurídico e institucional del país

El primer paso sería un ejercicio de identificación que apoye la evaluación. Ir más allá del mapeo de las leyes existentes y las políticas, examinando también las tradiciones legales; la forma en que las leyes son promulgadas, interpretadas y aplicadas; el funcionamiento de los tribunales; y la función de las normas y prácticas consuetudinarias. También incluye el análisis de la constitución o la carta de derechos del país, si las tiene. Algunas constituciones pueden proteger los derechos humanos que pueden verse afectados por las inversiones agrícolas y establecer principios relacionados con la sostenibilidad económica, social y ambiental, los derechos sobre la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y la igualdad de género. Esto debería incluir un análisis del contexto de género para comprender cuáles son las normas y valores específicos de género que orientan las reglas y prácticas consuetudinarias. También puede proporcionar controles y equilibrios para mejorar la rendición de cuentas, como los derechos procesales a la consulta, la participación y el acceso a la justicia. Estos elementos, y la medida en que funcionan en la práctica, son una parte crucial del contexto jurídico e institucional. También es necesario trazar un mapa de los contratos y tratados internacionales de inversión de un país. Estos pueden permitir a los inversores extranjeros socavar el marco jurídico nacional o eludir los procesos nacionales de solución de controversias.

PASO 2
Equilibrar los recursos y las prioridades políticas

Es importante determinar los recursos disponibles para la evaluación, incluidos el tiempo, el dinero, el personal y su capacidad. Cuando los recursos son limitados, podría ser necesario identificar las prioridades de las políticas y centrar la evaluación en la mejora de una o dos esferas que podrían ser de costo relativamente bajo, sencillas de aplicar y de gran repercusión. Por ejemplo, ello podría implicar medidas como la selección de inversores o el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para negociar contratos justos y equilibrados. Por ejemplo, muy a menudo será necesario fortalecer la capacidad de las mujeres rurales para asegurar una participación significativa en los procesos de consulta y negociación. La búsqueda de objetivos de políticas discretos y a más corto plazo puede combinarse con una visión a más largo plazo para fortalecer el marco general de gobernanza y mejorar la capacidad institucional.

PASO 3
Identificar políticas, leyes e instituciones relevantes para las inversiones agrícolas

El proceso puede comenzar con la realización de un estudio para identificar todas las políticas y leyes relacionadas con la inversión en la agricultura y los sistemas alimentarios que deben ser evaluadas. Estas podrían incluir:

• Constitución;

• legislación: como leyes o estatutos;

• instrumentos subsidiarios: como reglamentos ministeriales, decretos, estatutos y órdenes;

• documentos de políticas, directrices, estrategias y visión;

• instrumentos internacionales ratificados por el país.

Será clave para la evaluación comprender la jerarquía en la que operan estos instrumentos, junto con la forma en que interactúan. Será importante adoptar un enfoque intersectorial, considerando leyes y políticas:

• relacionadas con la agricultura: como la ley forestal, la ley de salud, las leyes de inocuidad de los alimentos, la ley de comercio, las políticas alimentarias;

• que rigen los recursos naturales: como el derecho ambiental, del agua o de la tierra, incluido el registro de tierras, la reforma agraria y la ley de tierras;

• que rigen la inversión y la actividad empresarial en general: como un código de inversiones, así como leyes laborales, crediticias, tributarias y financieras;

• sobre derechos de propiedad y herencia de las mujeres, incluyendo, cuando proceda: leyes consuetudinarias, ya que a menudo obstaculizan la capacidad de las mujeres para participar y beneficiarse de las inversiones agrícolas;

• y leyes generales que repercuten en la fiscalización y la aplicación de lo anterior: como las leyes civiles y penales y las leyes que otorgan autoridad al gobierno local.

Se puede crear un ‘mapa’ de instituciones clave que muestre qué órganos administrativos, técnicos y judiciales son responsables de la aplicación de los marcos jurídicos y normativos y sus componentes. Este mapa puede incluir los ministerios, departamentos y organismos de los gobiernos nacionales, regionales y locales; los tribunales y otros órganos de solución de controversias; y otras entidades, según proceda. También puede ser útil contar con una “ventanilla única” dotada de un equipo de personas con experiencia local, dependiendo del contexto imperante y teniendo en cuenta las lenguas, las tradiciones y los conocimientos locales.

PASO 4
Evaluar el marco jurídico y político

Cuando se trata de evaluar las leyes y políticas identificadas en el paso anterior, las preguntas que figuran a continuación pueden ser una guía útil:

1. ¿La ley o la política es operativa por sí misma o necesita de reglamentos de aplicación o habilitación u otras medidas de acompañamiento? ¿Cuenta con los recursos suficientes y con un mecanismo de fiscalización y seguimiento de dichos recursos?

2. ¿Cubre una ley o política específica todos los temas clave con suficiente detalle, o hay vacíos evidentes desde el principio? El texto de los CFS RAI puede proporcionar un punto de referencia útil.

3. ¿Crea la ley o la política obstáculos reglamentarios a la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios? Estos obstáculos pueden ser directos, como las prohibiciones categóricas en la ley. O indirectos, como los ‘trámites burocráticos’ en la forma de aplicar la ley, cuestiones de coherencia y consistencia; o simplemente una redacción deficiente que crea confusión o falta de claridad cuando se aplica en la práctica.

4. ¿Están los derechos jurídicos contenidos en la ley respaldados por mecanismos eficaces y no discriminatorios de fiscalización, aplicación y reclamación, de modo que los titulares de los derechos puedan tomar medidas si se violan sus derechos en el contexto de una inversión agrícola?

5. ¿Se basa la ley o la política en los principios de derechos humanos y promueve un enfoque basado en los derechos humanos del desarrollo?

6. ¿Garantiza el marco político y jurídico los derechos de la mujer y tiene en cuenta las necesidades de las mujeres en las esferas relativas a la inversión agrícola (es decir, los derechos civiles, laborales y de la tierra?)[3].

Es importante señalar que una pregunta crítica es si una ley o política en particular, se aplica o se cumple de la manera en que está redactada en papel. Sin embargo, para responder dicha pregunta, puede que sea necesario algo más que un estudio y, en su lugar, incluir una consulta con las partes interesadas en el proceso de elaboración de las leyes. Si lo anterior no se llevó a cabo, es necesario realizar una consulta post-factum solicitando retroalimentación o evaluaciones por parte de los ‘usuarios’ o beneficiarios de la ley o la política. Entre ellos podrían figurar los agricultores, incluidos los productores a pequeña escala, los miembros de la comunidad o los inversores, así como la autoridad u organismo responsable de la aplicación.

PASO 5
Evaluar los acuerdos institucionales

Para evaluar la eficacia de los acuerdos institucionales señalados en el paso 4, se podrían considerar las siguientes preguntas:

7. ¿Son claros, transparentes y coordinados los mandatos y las funciones de las instituciones?

8. ¿Hay superposición y/o duplicación? ¿O hay lagunas en las que las funciones han ‘pasado inadvertidas’ y no se han abordado?

9. ¿Implican las instituciones a las partes interesadas y les proporcionan acceso de manera justa y transparente?

10. ¿Disponen las instituciones de la autoridad, los recursos humanos y financieros, los conocimientos y los instrumentos necesarios para realizar su labor?

11. ¿Existen posibilidades de transferir o delegar autoridad del nivel central al local?

12. ¿Participan las instituciones en la fiscalización, vigilancia y evaluación de las comunidades locales u otros agentes, incluidas las mujeres rurales?

PASO 6
Evaluación de los procesos, criterios e incentivos de los proyectos de inversión

Los proyectos a gran escala del sector privado son un tipo de inversión en agricultura particularmente arriesgado para los gobiernos, las comunidades y el medio ambiente. Por ejemplo, pueden poner en peligro los medios de vida y/o la seguridad alimentaria y la nutrición de las comunidades al dificultar su acceso a la tierra o tener efectos ambientales adversos debido a la deforestación u otras prácticas perjudiciales. Por consiguiente, es importante examinar los procesos, criterios e incentivos relacionados con la inversión privada a gran escala. En ellos, se debe incluir la promoción de las inversiones, los incentivos fiscales, el registro de las inversiones, la selección, la aprobación y las evaluaciones participativas de los efectos ex-ante y ex-post. Ello podría determinar si esos procesos alientan la inversión privada en apoyo de la seguridad alimentaria y la nutrición y promueven la sostenibilidad económica, social y ambiental, así como la igualdad de género, o si permiten, por el contrario, que las debilite o socave.

En resumen, la realización de este tipo de evaluación antes de elaborar una nueva política, ley o institución puede contribuir a garantizar un marco jurídico, normativo e institucional coherente y consecuente para las inversiones responsables en los sistemas agrícolas y alimentarios. En la siguiente nota de orientación se ofrece más asesoramiento a los parlamentarios con el fin de asegurar la coherencia del marco jurídico y normativo para la inversión responsable en la agricultura.

Nota de orientación 2. Cómo garantizar la coherencia del marco jurídico y normativo para promover eficazmente las inversiones responsables en la agricultura

Hay diferentes tipos de incoherencias que pueden producirse en el marco jurídico y normativo:

1. Las leyes, los reglamentos y las políticas nacionales pueden redactarse de forma incoherente, lo que dificulta o imposibilita que los agentes cumplan con todos estos al mismo tiempo.

2. Las leyes, reglamentos y políticas pueden aplicarse o hacerse cumplir de manera inconsistente.

3. Los instrumentos jurídicos, como los contratos o tratados internacionales de inversión, pueden entrar en conflicto con las leyes y los procesos judiciales nacionales o socavarlos.

Los pasos resumidos en la nota de orientación 1 pueden ayudar a identificar estos tipos de incoherencias. Los electores, los grupos industriales y las organizaciones de la sociedad civil también pueden contribuir a señalar esas incoherencias a sus representantes parlamentarios.

Redacción inconsistente

Las leyes y políticas relativas a la inversión responsable en la agricultura abarcan a una serie de sectores. Esto puede dar lugar a leyes inconsistentes o incoherentes ‘sobre el papel’ o, incluso, contradictorias. Lo que provoca confusión en los ciudadanos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Los parlamentarios están en condiciones de velar contra este tipo de incoherencias, mediante medidas como:

1. Procurar que las leyes se presenten al parlamento con una ‘Evaluación de Impacto Regulatorio’ (RIA, por sus siglas en inglés), considerando el impacto de la ley sobre las reguladas por ella. Y si el propósito y las funciones de la ley ya se persiguen en otra ley, reglamento o política. Una plantilla de RIA también podría incluir una metodología para comprobar la coherencia de la ley propuesta con las leyes existentes.

2. Utilizar personal de apoyo y asesores parlamentarios para dar una opinión y realizarconsultas inclusivas con el mundo académico, think tanks, ONGs y otros interesados pertinentes sobre si un instrumento jurídico propuesto es compatible con las leyes vigentes.

3. Involucrar a un servicio de redacción legislativa para ayudar a garantizar la armonía de los proyectos de ley que se presenten. El servicio podría ser dentro del parlamento, como la Secretaría General, u organismos externos, como la Fiscalía General, así como a oficinas gubernamentales con conocimiento del sistema jurídico nacional en su conjunto, como el Ministerio de Justicia, una comisión de reforma legislativa, una comisión de género o de derechos humanos, o un organismo equivalente,

4. Garantizar la disponibilidad de todas las leyes y reglamentos en su forma más actualizada, organizados de forma clara y accesible, para que los encargados de la formulación de políticas sectoriales puedan ver fácilmente las leyes de otros sectores antes de iniciar el proceso de elaboración de una nueva ley o política.

Cumplimiento inconsistente

En muchos casos, una cuestión constante y desafiante es la implementación incoherente de leyes y políticas que en el papel están bien redactadas, son integrales y tienen coherencia. Puede haber más de una institución gubernamental que aplique la misma ley o política de diferentes maneras, creando una variación de la ley escrita. O puede haber una aplicación débil, de modo que la aplicación no sea coherente con la forma en que la ley está redactada. Se pueden considerar los siguientes mecanismos para abordar este tipo de incoherencia:

1. Crear observatorios intersectoriales sobre la inversión responsable en la agricultura, que incluyan comisiones de derechos humanos y defensores del pueblo, para reunirse y armonizar la comprensión, coordinar las actividades de aplicación y cumplimiento, supervisar periódicamente sus actividades e informar al parlamento al respecto. En el caso de las plataformas nacionales de inversión sostenible existentes, el grupo de trabajo debería crearse en coordinación con las mismas.

2. Garantizar que existan mecanismos suficientes para que los ciudadanos den su visión sobre la aplicación y el cumplimiento de las leyes y para que las comunidades apoyen la vigilancia de los proyectos de inversión local que puedan contribuir a las actividades de cumplimiento de la ley.

3. Consensuar que las leyes se presenten al parlamento con una estrategia de aplicación, implementando reglas y regulaciones, para garantizar que los mecanismos de aplicación, monitoreo y reporte hayan sido bien diseñados.

4. Garantizar la asignación de recursos suficientes para las actividades de aplicación y cumplimiento de la ley, aprobando la asignación de recursos para la aplicación de leyes nuevas y existentes. (Un ejemplo de ello es la Ley 30355 de promoción y desarrollo de la agricultura familiar en Perú, explicada en el Anexo 2 de esta guía).

5. Asegurarse de que existan los reglamentos y procedimientos administrativos necesarios para la aplicación de las leyes y políticas.

6. Identificar los factores sociales, culturales y económicos que obstaculizan la aplicación de las leyes.

7. Asegurar una amplia difusión de las leyes en todo el país para que las instituciones locales tengan presente el marco jurídico nacional y para que la gente conozca sus derechos. También es esencial asegurarse de que las instituciones locales y nacionales tengan la capacidad de aplicar las leyes.

Contratos y tratados internacionales que socavan las leyes nacionales

Puede haber incoherencias cuando los contratos de inversión agrícola con inversores extranjeros, o los tratados internacionales de inversión, permiten a los inversores extranjeros impugnar o hacer caso omiso de las leyes nacionales o eludir los tribunales locales. Los contratos que incluyen cláusulas de ‘estabilización’ permiten a los inversores evitar el cumplimiento de las nuevas regulaciones. Los contratos pueden incluir incentivos fiscales más generosos que los previstos en la legislación fiscal general. Los contratos y tratados pueden prever el arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias, en lugar de los tribunales nacionales o regionales, para proteger a los inversores extranjeros, especialmente en las jurisdicciones en las que el estado de derecho no está bien desarrollado, como en algunos países en transición. Esta práctica puede ser muy problemática y servir para socavar aún más el desarrollo de sistemas judiciales en funcionamiento; además, estos procedimientos pueden ser muy costosos e imprevisibles, y las decisiones solo pueden apelarse por motivos muy limitados. Los tratados de inversión contienen a menudo amplias protecciones para los inversores extranjeros, que pueden utilizarse para impugnar y socavar las leyes locales.

Los parlamentarios pueden contribuir a garantizar que los contratos de inversión agrícola y los tratados internacionales de inversión sean coherentes con el sistema jurídico nacional y no lo socaven:

1. Exigiendo la participación de funcionarios o expertos del sector agrícola en las negociaciones de tratados internacionales de inversión, de modo que no se firmen nuevos tratados que socaven las estrategias del país para una inversión responsable en la agricultura.

2. Examinando detenidamente el texto, cuando se requiera la aprobación parlamentaria para la ratificación de un tratado (como sucede en muchos países). Y, de ser necesario, solicitando presentaciones o asesoramiento sobre los riesgos que plantea dicho tratado en cuanto al espacio normativo para la inversión responsable en la agricultura.

3. Exigiendo la aprobación parlamentaria de los contratos de inversión agrícola que superen un determinado valor o que impliquen el arrendamiento de tierras de un determinado tamaño, con lo que no se aprobarán los contratos que ofrezcan incentivos incompatibles con la legislación nacional o que contengan amplias cláusulas de estabilización. Para evitar crear cargas excesivas, los umbrales de valor y tamaño de las tierras deben fijarse lo suficientemente altos, así como abordarse en los reglamentos u otra legislación subordinada, que es fácil de modificar según sea necesario. Un ejemplo de ello puede encontrarse en la Ley de promoción de la inversión enmendada Nº 14/NA de la República Democrática Popular Lao (véase el Anexo 2 de la presente guía).

Nota de orientación 3. Cómo abogar para reformar leyes existentes y/o la adopción de nuevas leyes para promover las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Si bien toda la guía tiene por objeto apoyar a los parlamentarios y asesores en sus esfuerzos de promoción de las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios, en esta nota de orientación se destacará específicamente la forma en que las diferentes partes de la guía pueden utilizarse para abogar por la reforma de las leyes existentes o promover la adopción de otras nuevas. Si, después de haber examinado el marco nacional y reconocido la necesidad de proponer una nueva ley, o de enmendar una ley existente (Aprenda a evaluar su marco jurídico nacional en la nota de orientación 1), tal vez debido a una incoherencia en el marco legal (véase las notas de orientación 1 y 2), los distintos miembros del parlamento pueden actuar como “líderes parlamentarios” y tendrán que convencer a otros de estas necesidades.

Lo primero que hay que hacer es buscar la colaboración de otros miembros del parlamento, incluidos los de otros partidos (puede obtener más orientación sobre cómo reforzar las redes entre los parlamentarios en la Parte 3 de esta guía), y aunar fuerzas con las diferentes partes interesadas, como los socios para el desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico o el sector privado, que pueden ayudar a elaborar una propuesta para un proyecto de ley (Puede encontrar algunos consejos prácticos sobre cómo abordar y comunicar de forma eficaz con los distintos sectores en la Parte 3 de esta guía). Es importante identificar aquellos actores que podrían bloquear las iniciativas legislativas. Esto ayuda a los parlamentarios y asesores a saber a qué fuerzas se enfrentan y qué alianzas deben fortalecer. (Véase, por ejemplo, las amplias consultas realizadas en Chile antes de la adopción de la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad en el Anexo 2 de esta guía).

A fin de impulsar reformas deseadas, se podrían presentar casos exitosos de otros países, incluidos ejemplos de legislación relacionada con el proyecto que se está proponiendo y estudios de casos de inversiones específicas (véase los Anexos 2 y 3 de la presente guía).

En este proceso será fundamental reunir y presentar datos específicos pertinentes sobre el país en cuestión (en la Parte 3 de esta guía puede encontrar algunos consejos prácticos sobre cómo encontrar datos útiles y cómo usarlos en sus intervenciones) y destacar cómo la reforma propuesta podría mejorar la situación. Deberían prepararse resúmenes fácilmente comprensibles de los proyectos de ley o enmiendas que se proponen, indicando por qué son necesarios y destacando los puntos principales.

Nota de orientación 4. Cómo asegurar una financiación adecuada para la aplicación de las leyes relacionadas con las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Análisis parlamentario de la visión del desarrollo y las necesidades financieras

Los parlamentarios deberán comprender plenamente la visión nacional y estratégica de desarrollo de su país en relación con su sector agrícola, así como sus necesidades financieras, a fin de poder abogar mejor por una financiación suficiente. Esta información puede obtenerse principalmente de los planes nacionales de desarrollo agrícola, según lo aprobado por el parlamento o los programas del gobierno.

Los planes de desarrollo agrícola deben identificar el tipo de inversiones que un gobierno está tratando de atraer y las posibles fuentes de ingresos, como los fondos de donantes, las financiaciones combinadas y los fondos de inversión agrícola. Los planes también deben incluir una estrategia sobre la forma en que se pueden utilizar los fondos públicos para reducir los riesgos, estimular y aprovechar las inversiones privadas[4]. Igualmente, los planes deberían considerar la forma de aprovechar las tecnologías de información en el sector y el modo de acceder a fondos internacionales, como el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)[5], para proyectos de apoyo a la agricultura climáticamente inteligente.

Con ese fin, los parlamentos también deberían examinar el marco legislativo vigente para las asociaciones entre el sector público y el privado, y estudiar los posibles impactos en el control de precios, las subvenciones agrícolas directas e indirectas, las dificultades de repatriación de capital para los inversores extranjeros y, si se considera apropiado, abogar por enfoques más basados en el mercado que puedan atraer a los inversores. Al analizar la ayuda al desarrollo, el parlamento debería exigir que se informe sobre ella, que se utilice eficazmente y que haya una coordinación efectiva entre todos los agentes para evitar la duplicación.

Los organismos de gasto, como las autoridades de inversión, pueden competir con otros organismos por los recursos del gobierno. Parte del análisis de un parlamentario debería incluir una auditoría y hacer estas preguntas. ¿Han sido utilizados eficiente y eficazmente por esos organismos los recursos que se han asignado previamente? ¿No se han producido despilfarros, por ejemplo, los costos excesivos asociados a las actividades de promoción de la inversión? Los informes trimestrales o de fin de año del gobierno, así como los informes de auditoría, pueden proporcionar esta información. Los parlamentarios también deberían participar en la formulación de planes nacionales de desarrollo y planes sectoriales, asegurando que haya una visión común del desarrollo del país. En esos planes sectoriales se debe hacer hincapié en la importancia de la agricultura y las inversiones agrícolas, así como las prioridades y necesidades conexas. Ello podría dar lugar a la asignación de límites de gastos presupuestarios más elevados para el sector y a la aplicación de las leyes correspondientes.

Considerar enmendar el presupuesto

Cuando un parlamento considere que el presupuesto no se ajusta a los planes nacionales de desarrollo o que el gobierno no ha asignado fondos suficientes al sector agrícola, o al suministro de bienes públicos que pueden estimular la inversión agrícola, puede ejercer sus facultades de enmienda, si así lo disponen la constitución y las leyes del país.

La capacidad del parlamento para enmendar un presupuesto se refuerza cuando (Krafchik W. y Wehner J., 1998):

• La ley prevé tales facultades de enmienda;

• las comisiones tienen el derecho de sugerir enmiendas a la cámara;

• hay suficiente tiempo en las comisiones para el escrutinio del presupuesto;

• una comisión de coordinación es capaz de combinar las cuentas y otros aportes especializados;

• las comisiones tienen acceso a suficiente capacidad de investigación independiente y a información detallada, oportuna y específica del sector.

En el presupuesto se debe tener en cuenta la asignación de fondos para imprevistos, como desastres y calamidades naturales. Los fondos para imprevistos no deben tener un tamaño excesivo, han de ser claramente contabilizados, y las decisiones sobre su utilización tienen que ser transparentes. Además, el parlamento debería realizar una auditoría de género y asegurarse de que se han asignado fondos suficientes para cuestiones intersectoriales como la incorporación de la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer en el sector.

Considerar la posibilidad de permitir que los organismos de implementación recauden fondos mediante el cobro de tasas

La vigilancia y evaluación eficaces de las inversiones agrícolas pueden plantear un desafío a un gobierno debido a la limitación de los recursos. La aprobación parlamentaria que permite a una agencia gubernamental, como una autoridad de inversiones, cobrar tasas a los inversores y reservar un porcentaje de los ingresos generados, o establecer fondos especiales para la financiación fuera de las limitaciones del marco presupuestario anual, puede ayudar a garantizar que el organismo disponga de fondos suficientes para la aplicación de una ley. La dotación de personal, la capacitación, los gastos de capital, los costes de funcionamiento, el monitoreo de los resultados y la elaboración de políticas relacionadas requieren, todas ellas, fondos para desarrollar dichas políticas, planes y programas que permitan alcanzar los objetivos de la ley, incluida la creación de mecanismos adecuados de aplicación de la misma y de presentación de reclamaciones para hacer frente a cualquier infracción.

Corregir las lagunas en las que se pueden perder ingresos

Los gobiernos suelen conceder incentivos fiscales a los inversores con la esperanza de atraer inversiones, pero esas exenciones fiscales no suelen dar lugar a un aumento de las mismas (Tanzi V. y Zee H., 2001). La proliferación de incentivos es principalmente el resultado de la competencia fiscal internacional, que la coordinación regional puede ayudar a mitigar. La tributación de las inversiones agrícolas, incluidas las de las empresas multinacionales agrícolas, puede aumentar los ingresos. Cuando se generen ingresos suficientes, se dispondrá de más recursos para financiar bienes públicos y funciones gubernamentales. El papel del parlamento incluye el escrutinio y la autorización de dichos ingresos. Si los inversores pueden beneficiarse de incentivos, como exención de impuestos o vacaciones fiscales, los parlamentarios pueden abogar por la inclusión del cumplimiento de los CFS RAI para poder optar a dichos incentivos. Si la carga fiscal parece baja en relación con las necesidades de ingresos del país, los parlamentarios pueden considerar la posibilidad de cuestionar al ejecutivo con este fin y abogar o encabezar por reformas de la legislación fiscal y de inversiones. La identificación de cualquier laguna en la legislación tributaria y financiera que pueda dejar margen para la corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas, la evasión y elusión de impuestos, o los costes de transacción innecesariamente elevados y las ineficiencias del sistema de administración tributaria, puede hacer que el sistema sea más eficaz.

Nota de orientación 5. Cómo garantizar una fiscalización parlamentaria eficaz para vigilar la aplicación de las leyes y reglamentos relativos a las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

La fiscalización parlamentaria es una de las cuatro principales funciones democráticas de la mayoría de los parlamentarios y uno de los componentes básicos de su mandato.

El logro de una inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios requiere un marco jurídico sólido que solo puede ser eficaz si las leyes y reglamentos que se aprueben se aplican adecuadamente.

¿Qué pueden hacer los parlamentos?

El objetivo general de la fiscalización de las leyes sobre la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios es determinar la eficacia de las leyes, políticas y reglamentos relativos a esta esfera y determinar si es necesario introducir enmiendas o reformas. La fiscalización eficaz requiere una combinación de un mandato firme, recursos parlamentarios adecuados y el uso de instrumentos y procesos apropiados.

La atribución de fiscalización del parlamento deriva de la constitución. El alcance de sus facultades depende de los sistemas políticos nacionales, que influyen en gran medida en la extensión del control parlamentario. Para garantizar una fiscalización eficaz, el parlamento necesita el poder y la capacidad legales para desarrollar mecanismos de fiscalización.

• Reforzar la función de fiscalización de las comisiones permanentes: el mandato de las comisiones permanentes incluye la fiscalización de la aplicación de las políticas y la legislación. Cada comisión permanente supervisará la aplicación de los textos de los que es responsable. Lo hacen presentando preguntas parlamentarias al ejecutivo, ya sea en forma escrita u oral. Esto puede hacerse con o sin debate. Las comisiones pueden exigir al ejecutivo que les informe sobre la aplicación de una legislación específica. En algunos países existe el mecanismo de “interpelación” donde el parlamento pide formalmente cuentas a un ministro o miembro del gobierno para evaluar algún acta o política que está bajo su responsabilidad. Cada cámara del parlamento debe elaborar normas para regular su procedimiento y la conducción de sus actividades; el parlamento puede así diversificar su control creando procedimientos específicos para mejorar y lograr la eficacia. Por ejemplo, en su reglamento, la Asamblea Nacional Francesa estipula que el relator de una ley u otro parlamentario que designe la comisión, presentará a esa misma comisión un informe sobre la aplicación de la ley. Esta determinación es requerida dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.

• Crear comisiones especiales o mecanismos a largo plazo para la fiscalización, que deben ser independientes de otros órganos gubernamentales (por ejemplo, del mundo académico, de investigadores independientes y de abogados) y contar con una financiación adecuada para desempeñar esta función. Estas comisiones deberían definir métricas e indicadores y realizar exámenes periódicos de la aplicación de las leyes relacionadas con las inversiones en la agricultura y los sistemas alimentarios, e informar de vuelta al parlamento.

• Uso o creación de un sistema de escrutinio post-legislativo: esta práctica se utiliza para supervisar la aplicación de la legislación, asegurar que las leyes beneficien a los ciudadanos y evaluar si se han logrado los resultados previstos. Puede utilizarse como instrumento de fiscalización interna o sobre el ejecutivo, así como un mecanismo para mejorar la calidad de la nueva legislación y las políticas. A menudo llevada a cabo por comisiones parlamentarias, puede considerarse como una investigación por parte de una comisión de cartera parlamentaria seleccionada sobre cómo ha funcionado en la práctica una nueva ley desde su entrada en vigor. Esta práctica revela las deficiencias y ventajas de una ley o un reglamento y puede ayudar en el diseño de nuevos reglamentos o en la modificación de los ya existentes. También puede extenderse al trabajo de los grupos de interés. Los parlamentarios tienen la obligación de supervisar y auditar la aplicación mediante, entre otras acciones, la participación directa de los ciudadanos. No deben limitarse a trabajar con los ciudadanos, sino que también deben asegurarse de que esos compromisos empoderen de manera significativa a los ciudadanos en la medida en que estos puedan participar de manera independiente en tales asuntos.

• Fortalecer la capacidad interna: la creciente demanda de información y conocimientos especializados exige que los parlamentos estén en condiciones de elaborar mecanismos de fiscalización y de velar por que dispongan de recursos suficientes y de personal profesional bien capacitado para cumplir sus obligaciones. La autonomía en materia de presupuesto y asignación presupuestaria es un imperativo para ayudar a un parlamento a fortalecer su capacidad administrativa, mediante mejoras en su organización, gestión y recursos humanos. Asimismo, es importante fortalecer los conocimientos y aptitudes de los parlamentarios mediante una capacitación específica, especialmente porque la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios es una cuestión intersectorial que implica y afecta a derechos sobre la tierra, cuestiones de sostenibilidad ambiental y social, y otras preocupaciones centrales. Sin profesionales preparados con la capacidad de obtener resultados y los conocimientos para actuar, es imposible que cualquier medida legislativa tenga impacto. Los parlamentarios pueden decidir colaborar y buscar conocimientos especializados de socios externos, y obtener información y datos que no procedan del ejecutivo. El empoderamiento directo de los parlamentarios es igualmente importante y debe ser un componente integral de una fiscalización eficaz.

• Promover activamente la recopilación de información y datos estadísticos relacionados con la implementación de una ley y velar por que se tengan debidamente en cuenta los resultados y las recomendaciones. Esto incluye el patrocinio o la financiación de estudios sobre el impacto de una legislación específica, pero también ofrecer una plataforma a los informes preparados por otros actores, leyendo cuidadosamente sus recomendaciones y organizando mesas redondas multisectoriales para discutirlas. Las siguientes consideraciones deben tenerse en cuenta al monitorear la aplicación de la legislación específica:

a. Definir claramente el objetivo del estudio, identificando una pregunta de investigación específica.

b. Especificar el alcance y el contexto.

c. Realizar algunas investigaciones de contexto.

d. Examinar los informes periódicos sobre derechos humanos (e informes paralelos) del país en cuestión.

e. Examinar los informes del país sobre los indicadores relevantes de los ODS.

f. Definir la metodología para la recopilación de información (recopilación de datos estadísticos desglosados por sexo, edad y origen étnico, grupos de discusión, encuestas (cualitativas y cuantitativas), observaciones in situ, seguimiento de los medios de comunicación, entrevistas).

g. Hacer participar al ministerio o a la oficina nacional de estadística en el proceso, solicitando datos a intervalos regulares.

Parte III:
Consejos de incidencia y comunicación para los parlamentarios

Cómo promover una comunicación y colaboración eficaces con todas las partes interesadas dentro del país para promover un entorno propicio para las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

3.1. Comunicar la necesidad de aumentar la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios

Como se ha visto en las anteriores secciones, el fomento de la inversión responsable en la agricultura requiere el compromiso y la acción de una amplia gama de actores. Se reconoce que la falta de sensibilización y las brechas, tanto en las capacidades como en la información, son los principales obstáculos que actualmente impiden la inversión responsable. Por ello, para que los actores participen en la ampliación de su para los parlamentarios compromiso, es imprescindible que todos los interesados comprendan mejor los beneficios de la inversión agrícola responsable.

Los encargados de la formulación de políticas y los funcionarios gubernamentales tendrán que comprender cómo contribuye la inversión responsable al logro de las estrategias nacionales de desarrollo. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los productores a pequeña escala se interesarán por saber cómo se corresponden las inversiones con las necesidades de sus circunscripciones, cómo afectan en el empleo digno, incluyendo el de mujeres y jóvenes; en la seguridad alimentaria y nutricional; y en los medios de vida sostenibles en general. Las entidades del sector privado participarán plenamente cuando comprendan cómo las inversiones responsables crean oportunidades comerciales, mejoran la sostenibilidad de las empresas existentes y/o se alinean con los objetivos de gestión de la reputación.

La comunicación efectiva con las diferentes partes interesadas es esencial para plantear los argumentos a favor de las inversiones responsables en la agricultura, así como maximizar la incidencia y crear conciencia a todos los niveles. El presente capítulo tiene por objeto proporcionar orientación sobre la forma de comunicar la necesidad de aumentar la inversión responsable en la agricultura en el contexto de los ODS. En la sección 3.2 se ofrecen ideas útiles sobre la forma de utilizar los datos y recuperar las estadísticas a nivel de país para llevar a cabo las actividades de incidencia y comunicación. En la sección 3.3 se presentan mensajes clave segmentados por públicos objetivos.

3.2. Utilización de los datos para la incidencia y la toma de decisiones fundamentadas

¿Por qué se necesita más inversión?

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios puede tener numerosos beneficios, entre ellos el aumento de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, el desarrollo económico sostenible e inclusivo, la reducción de la pobreza y la mitigación o eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un análisis sólido del contexto nacional específico, basado en datos y estadísticas creíbles, permitirá a los encargados de la toma de decisiones centrarse en uno o varios de esos efectos positivos previstos, añadiendo un valor especial a una estrategia de incidencia política.

Como punto de partida, deben examinarse los siguientes indicadores socioeconómicos para ilustrar por qué se necesita una inversión más responsable en un país: indicadores de seguridad alimentaria (incluida la prevalencia del hambre y la malnutrición crónica); indicadores de pobreza; indicadores relacionados con el género; indicadores relacionados con el empleo digno (entre ellos las tasas de desempleo desglosadas por edad y sexo); y el coeficiente de pobreza laboral (porcentaje de empleados que viven con menos de 1,90 USD al día).

De acuerdo con los hallazgos, un ejemplo de narrativa podría ser: “En nuestro país, más de xx millones de personas viven todavía en la pobreza extrema y xx millones de personas todavía pasan hambre. Al mismo tiempo, el xx% está desempleado. Esta cifra es xx veces mayor en el caso de los jóvenes. Por estos motivos, es necesario adoptar medidas urgentes para aumentar las inversiones que crearán oportunidades de empleo digno y mejorarán el acceso a alimentos inocuos y nutritivos”.

¿Qué cantidad de inversión adicional se necesita en la agricultura y los sistemas alimentarios?

Una vez que se hayan identificado los desafíos que plantea la inversión agrícola, se debe definir el monto de la inversión que se necesitaría para subrayar la urgencia y la validez de la petición específica.

Por una parte, se puede hacer referencia a la brecha de inversión para alcanzar los ODS 1 y 2 identificados por la FAO, el FIDA y el PMA. Más allá de la estimación global (se necesitan 265 000 millones de USD anuales adicionales de inversión, de los cuales 140 000 millones de USD deberían destinarse a la agricultura), en la publicación Objetivo Hambre Cero también se proporcionan datos por países y regiones (FAO, FIDA y PMA, 2015).

Por otra parte, la contribución de la agricultura al Producto Interno Bruto (PIB) puede compararse con la proporción de las inversiones agrícolas en las inversiones totales. Los economistas se refieren a esta relación como el “índice de orientación agrícola” para los créditos comerciales y las inversiones extranjeras directas (IED). En muchos países en desarrollo, el índice es inferior a 0,5 puntos (FAO, 2018d), lo que indica que la contribución de la agricultura al PIB es relativamente alta, mientras que las inversiones en el sector agrícola constituyen sólo una pequeña parte de los volúmenes totales de inversión.

El gráfico que figura a continuación ilustra la evidente brecha de inversión en los países de ingresos bajos. Es similar, aunque con diferencias menos extremas, en los países de ingresos medianos bajos. Mientras que la agricultura es, con mucho, el principal proveedor de oportunidades de empleo (62%) en los países de ingresos bajos, solo contribuye en un 25% al PIB. Al mismo tiempo, menos del 5% de todas las inversiones se destinan al sector agrícola. Dado que la mayoría de los empleos son informales y que la tasa de pobreza de los jóvenes que trabajan se acerca al 70% (OIT, 2017), las inversiones responsables adicionales serán cruciales para aprovechar el potencial del sector agrícola en la creación de empleos dignos e impulsar así el desarrollo económico sostenible.

¿Cuáles son las oportunidades de negocio?

El sector privado puede desempeñar un papel fundamental en la transformación estructural que requiere la agricultura. En particular, invirtiendo en tecnologías limpias y eficientes para aumentar los rendimientos y, al mismo tiempo, reduciendo al mínimo los efectos ambientales, incluso mediante la diversificación de la producción de alimentos. Además, el sector privado puede asegurar que la tecnología se expanda rápidamente y cree puestos de trabajo dignos y valor en las cadenas de suministro agroalimentarias.

Además del análisis sobre la necesidad de inversiones responsables adicionales, cabe destacar los datos que identifican las oportunidades para las empresas. Una oportunidad evidente a nivel macroeconómico sería las tasas de crecimiento económico o demográfico actuales o previstas a nivel nacional o regional, y a menudo la urbanización relacionada y los cambios en los patrones de consumo, que darán lugar a un aumento de la demanda de productos agrícolas. A otro nivel, las tendencias actuales y previstas de los precios de los principales productos agrícolas pueden indicar oportunidades de inversión más específicas para cada subsector en productos básicos concretos.

La inversión en los segmentos intermedios (elaboración, venta al por mayor, logística), en los que suelen participar muchas microempresas, y empresas pequeñas y medianas, por ejemplo, puede contribuir considerablemente a añadir valor a la producción primaria. Esto también contribuirá a los objetivos del Estado, como la creación de empleo y la generación de vínculos rurales y urbanos mutuamente beneficiosos.

En particular, tal y como se indica en el Global Opportunity Report 2018, “existe una mayor demanda de transparencia e información sobre la cadena de suministro, que se refleja en el crecimiento de las etiquetas ecológicas. Las normas voluntarias de sostenibilidad ya no se limitan a los mercados nicho. Los productos agrícolas sostenibles con estándares reconocidas internacionalmente están creciendo a un ritmo mayor que los mercados de productos convencionales” (DNVGL, 2018) . Un tipo de datos que puede utilizarse para comprender mejor esta tendencia es el volumen y el valor de las ventas de productos certificados (algunos de los organismos de certificación más famosos son: FairTrade International, GlobalGap y Forest Stewardship Council).

Las empresas que adopten prácticas sostenibles como las indicadas en la estrategia “De la granja a la mesa” (Comisión Europea, 2020c), incluida en el Pacto Verde de la Unión Europea, disfrutarán de oportunidades adicionales.

Destacar estas oportunidades, además de la importancia de adoptar un enfoque proactivo para hacer frente a los riesgos de la cadena de suministro a fin de prevenir los riesgos operacionales, de reputación y financieros, las presiones de los clientes y la exposición a los medios de comunicación, puede mejorar la comunicación y el compromiso con el sector privado (OCDE y FAO, 2019).

3.3. Mensajes clave: comunicar la importancia de la inversión agrícola responsable a su público objetivo

Como ya se ha señalado, es importante que los parlamentarios adapten sus mensajes clave a las necesidades e intereses de su público objetivo. En este sentido, a continuación, se presentan una serie de mensajes que pueden servir de orientación para fomentar el diálogo con otros parlamentarios, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y los centros de investigación.

1. En los parlamentos (plataformas, alianzas)

La experiencia de las Alianzas Parlamentarias sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional (FAO, 2020f) ha demostrado el papel fundamental de los parlamentarios para impulsar medidas concretas contra el hambre y la malnutrición en sus parlamentos. Se han creado más de 40 alianzas parlamentarias en todo el mundo y, conectadas a ellas, solidas redes de asesores parlamentarios. Dentro de ellas se han elaborado y aprobado más de 30 leyes. Algunas de esas alianzas se centran en aspectos concretos de las inversiones agrícolas, como la Red de Parlamentarios sobre Igualdad de Género e Inversión Agrícola y Seguridad Alimentaria de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), que tiene por objeto fomentar la inversión agrícola inclusiva y equitativa en función del género que propicie la seguridad alimentaria y nutricional, y la reducción de la pobreza (IISD, 2019). La concientización de estas plataformas y su aprovechamiento entre los miembros es fundamental para defender la inversión responsable en la agricultura. Subrayar los vínculos entre las IAR y el derecho a la alimentación, puede servir de punto de entrada en los países en los que ya existe una amplia aceptación de este último.

Mensajes clave

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios es un medio importante para mitigar los efectos socioeconómicos adversos de la COVID-19, apoyando estratégicamente la recuperación y facilitando la respuesta y la preparación para futuras crisis.

• La inversión responsable da prioridad a la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas y contribuye a aumentar la resiliencia de las comunidades frente a futuras crisis y desastres.

• La inversión responsable apoya la protección de los trabajadores, tanto formales como informales, en las cadenas de suministro y ayuda a mantenerlas vivas/activas durante las crisis.

• La inversión responsable promueve cadenas agroalimentarias inclusivas y los sistemas alimentarios locales, nacionales y regionales resilientes que puedan soportar las crisis actuales y futuras.

La inversión responsable en la agricultura es una de las estrategias más eficaces para reducir el hambre y la pobreza.

• La FAO estima que se necesitan inversiones anuales adicionales de 265 000 millones de USD a nivel mundial para alcanzar los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible: acabar con la pobreza y el hambre. De ellos, 140 000 millones deben destinarse a la agricultura.

• La inversión responsable aborda las necesidades de las comunidades, los agricultores, los inversores y otras partes interesadas. También aborda retos de desarrollo como el cambio climático, la igualdad de género, la salud y el bienestar, la creación de empleo, la participación de los jóvenes, el acceso al agua, entre otros.

La inversión responsable es esencial para aumentar la producción de alimentos en un contexto de cambio climático y recursos naturales degradados.

• Es necesario aumentar la inversión en la agricultura para construir infraestructuras de mercado y mejorar los bienes públicos, lo que contribuirá a aumentar la productividad y los ingresos rurales.

• Se necesitan inversiones para hacer frente a la creciente demanda de alimentos, especialmente la demanda de la población urbana, teniendo en cuenta que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades en 2050.

• Invertir en pequeños agricultores, tanto hombres como mujeres, es una forma importante de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los más pobres, así como la producción de alimentos para los mercados locales y mundiales.

• La inversión responsable puede ayudar a transformar nuestro actual sistema de producción de alimentos, fomentando nuevos enfoques para la gestión sostenible de los bosques, los océanos, el agua, la tierra y los suelos, y promoviendo métodos para extraer un mayor rendimiento agrícola con menos insumos.

La inversión responsable contribuye a cerrar la brecha generacional en la agricultura.

• El aumento de la edad media de los agricultores y las escasas oportunidades viables para que las generaciones más jóvenes reemplacen a los agricultores de más edad están dando lugar a una “brecha generacional” en el sector de la alimentación y la agricultura.

• Aumentando el acceso de los jóvenes a nuevas tecnologías y técnicas, particularmente en las zonas rurales, aprovechando su potencial innovador y las nuevas oportunidades en las cadenas de valor emergentes, los jóvenes agroempresarios podrían crear empresas prósperas y hacer frente al desafío de alimentar a una población en crecimiento.

• Las agroempresas en los países en desarrollo están creciendo, lo que representa un potencial inestimable e inexplotado para hacer frente al problema del desempleo juvenil (FAO, 2019c).

• La reducción del desempleo juvenil mediante la promoción de oportunidades de empleo digno en las zonas rurales es una forma eficaz de abordar las causas de la migración y el desplazamiento forzoso.

La inversión responsable es fundamental para cerrar la brecha de género en la agricultura y los sistemas alimentarios.

• Las mujeres aportan una contribución indispensable a la agricultura, pero las normas de género imponen limitaciones a su capacidad de inversión y limitan su posibilidad de acceder a las inversiones realizadas por otros interesados y beneficiarse de ellas. Esto da lugar a resultados deficientes en materia de desarrollo humano, ya que la mujer desempeña un papel importante en la inversión de los ingresos procedentes de la agricultura en la educación, la salud y la nutrición de su familia.

• Un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en la inversión en la agricultura a pequeña escala puede mejorar los resultados en muchas esferas interrelacionadas: la productividad agrícola, los medios de vida de los agricultores, la adopción de tecnología, la capacidad de recuperación de las cadenas de suministro y la rentabilidad de las inversiones agrícolas.

• Empoderar a las mujeres agricultoras para que desarrollen su potencial y participen con los hombres en la toma de decisiones en los hogares, las comunidades y las organizaciones, fortalece la capacidad de los hogares agrícolas y las organizaciones de productores para responder a la incertidumbre y ciertos desafíos, como el impacto del cambio climático y las fluctuaciones de los precios de los productos básicos.

La inversión responsable en la agricultura contribuye a la realización del derecho a la alimentación.

• La inversión (tanto privada como pública) en la agricultura y los sistemas alimentarios es crucial para aumentar los niveles de productividad del sector y crear beneficios económicos y sociales. Si se negocia con las comunidades afectadas y es coherente con las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo rural, la inversión contribuye a la realización del derecho a la alimentación, un principio jurídicamente vinculante reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

• La inversión responsable en la agricultura significa crear nuevos puestos de trabajo y fomentar el empleo digno, lo que a su vez implica que las personas tengan mayor poder para comprar alimentos adecuados.

• Las Directrices sobre el derecho a la alimentación aprobadas en 2004 basan el logro de la seguridad alimentaria y nutricional en los principios de los derechos humanos, y establecen el marco para la elaboración de los CFS RAI.

Los parlamentarios pueden abogar por nuevas leyes o reformas de los marcos jurídicos existentes relacionados con la inversión responsable en el marco de los ODS.

• Los países se han comprometido a alcanzar los ODS para 2030: las leyes y reglamentos que permitan una inversión responsable aportarían numerosos beneficios en lo que respecta al logro de las estrategias nacionales de desarrollo.

• Los parlamentarios pueden emprender acciones concretas para la materialización de la inversión responsable en la agricultura, como el intercambio de legislaciones existentes basadas y conectadas a los CFS RAI.

2. El sector privado

La inversión responsable hace que la colaboración con el sector privado pueda convertirse en una situación beneficiosa para todos, y permite a las empresas ser parte activa del cambio. Estas pueden aprovechar las oportunidades comerciales que también traigan beneficios a las comunidades locales. Además, la financiación combinada, que combina fondos públicos y privados, se utiliza cada vez más para lograr simultáneamente objetivos de desarrollo y beneficios.

Mensajes clave

Es un momento óptimo para que el sector privado invierta en la agricultura, ya que las crecientes tasas de población, la urbanización y el crecimiento económico están aumentando la demanda de productos en el mercado y harán necesario ampliar el comercio de productos básicos agrícolas.

• Para alimentar a una población mundial de 9 100 millones de personas en 2050, la producción total de alimentos deberá aumentar en un 70%, aproximadamente.

• La producción de alimentos en los países en desarrollo deberá casi duplicarse para 2050. Por ejemplo, se estima que la producción anual de cereales tendrá que aumentar en casi 1 000 millones de toneladas.

• El aumento de las inversiones responsables en las zonas rurales puede dar lugar a un aumento de los ingresos y, a su vez, a un incremento de la demanda del mercado a largo plazo, creando nuevas oportunidades de mercado para el sector agroalimentario.

El cambio hacia un sector agrícola más sostenible puede aumentar tanto los beneficios como la fidelidad a la marca.

• La reducción de las pérdidas de alimentos permite a los proveedores de alimentos del sector privado aumentar los márgenes de beneficio.

• Tanto los consumidores individuales en sus propias opciones de consumo como los países en sus políticas de importación exigen cada vez más transparencia en las cadenas de suministro y en los productos que contribuyen al desarrollo sostenible. (Por ejemplo, el 72% de los millennials del Reino Unido están dispuestos a pagar más por productos sostenibles (Nielsen, 2020) , y un tercio de los consumidores están comprando ahora marcas basadas en su impacto social y ambiental). Se estima que existe una oportunidad de 966 000 millones de euros para las marcas que dejan claras sus credenciales de sostenibilidad (Unilever, 2017).

Las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios tienden a tener más éxito. Ello se debe a que abordar los efectos sociales y ambientales de las inversiones puede ayudar a maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para las empresas y los inversores.

• La gestión de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), a través de los procesos de diligencia debida y la responsabilidad social empresarial (RSE), es fundamental para mantener una ‘licencia social’ para operar a largo plazo (ONU, 2011). De este modo, las empresas ayudan a crear marcas más fuertes, a crear confianza en los consumidores y los proveedores, a ahorrar costos a largo plazo, a estimular la innovación en el sector agroalimentario y a contribuir al desarrollo sostenible.

• La aparición de las clases medias en los países en desarrollo debería dar lugar a un aumento significativo de la demanda de alimentos de mayor calidad, más diversos y saludables, que se produzcan de forma responsable.

• Se ha demostrado que abordar las cuestiones de género e invertir en las mujeres a lo largo de la cadena de valor mejora la productividad, la sostenibilidad y la seguridad y calidad de la oferta, al tiempo que genera mayores ingresos y un mayor acceso a las oportunidades de empoderamiento de las mujeres.

• El empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, que es fundamental para la inversión responsable, beneficia a las empresas privadas a todos los niveles. La marginación de mujeres y los jóvenes da lugar a una deficiente adopción de nuevos cultivos, tecnologías y prácticas y a una baja productividad persistente.

• Las consultas significativas con mujeres y hombres de las comunidades son fundamentales para la inversión agrícola responsable y tienden a contribuir a su éxito financiero y a su sostenibilidad.

3. La sociedad civil

La participación de la sociedad civil en los procesos legislativos (incluida la implementación, el seguimiento y la evaluación) relacionados con las inversiones en la agricultura y los sistemas alimentarios es fundamental. Al establecer estructuras de gobernanza, procesos, toma de decisiones y mecanismos de reclamación inclusivos y transparentes en el sector, todos contribuyen al logro del desarrollo sostenible. Los CFS RAI alientan a los Estados a consultar a todas las partes interesadas relevantes, especialmente a las más vulnerables, para evaluar la eficiencia de las leyes, políticas y regulaciones y medir (y abordar) los impactos de las inversiones. Los mensajes clave que figuran a continuación pueden ayudar a fomentar el compromiso de la sociedad civil.

Mensajes clave

La promoción de la inversión responsable en la agricultura incluye el reconocimiento de que el empoderamiento de los pequeños agricultores y los agricultores familiares es una estrategia clave para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición.

• En los países en desarrollo, los agricultores, que en su mayoría son agricultores familiares a pequeña escala, son los mayores inversores en agricultura. Por ello, las políticas y los programas que tienen por objeto aumentar la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, deberían centrarse en el fortalecimiento de la capacidad de los productores a pequeña escala tanto para invertir como para beneficiarse de las inversiones,

• La promoción de la inversión agrícola responsable incluye el apoyo a las inversiones (tanto públicas como privadas) en/ con los pequeños agricultores y agricultores familiares (hombres y mujeres), reconociendo el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

• En relación con todos los aspectos de las inversiones, se alienta a las comunidades, los pueblos indígenas, los más vulnerables y a quienes trabajan en la agricultura y los sistemas alimentarios a participar activamente y comunicarse con los parlamentarios;

• Para ser verdaderamente responsables, las inversiones deben integrar mecanismos que garanticen que las personas directa o indirectamente afectadas por las inversiones participen en los procesos de toma de decisiones de manera activa, libre, eficaz, significativa e informada. Ello incluye la celebración de consultas con los pueblos indígenas de

Las inversiones responsables en la agricultura pueden ayudar a cumplir otras normas y compromisos reconocidos internacionalmente, entre ellos:

• La Declaración Universal de Derechos Humanos;

• La Declaración de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo;

• Las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada;

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;

• Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos;

• Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional;

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

• Las Directrices voluntarias para garantizar la pesca sostenible en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza;

• Las inversiones responsables en la agricultura pueden ayudar a lograr el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (UNDFF 2019 -2028, por sus siglas en inglés) (FAO, 2019) y contribuyen directamente al quinto pilar del Plan de acción mundial del UNDFF: mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores familiares y los hogares y comunidades rurales (FAO y FIDA, 2019).

Invertir de manera responsable en la agricultura contribuye a reducir la pobreza rural y crear empleos dignos para los jóvenes.

• Teniendo en cuenta que cuatro de cada cinco personas pobres del mundo viven en zonas rurales (FAO, 2019d), las inversiones adicionales en esas áreas son fundamentales para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas”. Esto incluye invertir en la capacidad de los agricultores, ocuparse de la infraestructura y los servicios públicos, ampliar el uso de las tecnologías y asegurar que los modelos comerciales beneficien a las comunidades y respeten los derechos de los miembros de la comunidad.

• Se prevé que entre 2015 y 2030 el número de personas de 15 a 24 años aumente en unos 100 millones. El aumento de la inversión en las zonas rurales es fundamental para ofrecer a esta joven generación oportunidades de empleo digno en el sector agroalimentario. A su vez, esto permite a los jóvenes contribuir al desarrollo inclusivo en las zonas rurales, mejora la seguridad alimentaria y la nutrición y reduce la migración forzosa.

La inversión responsable en la agricultura fomenta la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

• Promoviendo políticas y marcos jurídicos que tengan en cuenta las cuestiones de género y garanticen un trato justo, eliminando las prácticas discriminatorias, reconociendo la igualdad de derechos y de acceso a recursos como la tierra, y asegurando la participación de la mujer en la toma de decisiones y las consultas.

4. Sector académico y centros de investigación

El sector académico y los centros de investigación pueden ayudar a todas las partes interesadas a comprender el alcance y la relevancia de aumentar la inversión responsable en la agricultura. En particular, tienen la responsabilidad fundamental de cultivar y ampliar los conocimientos, difundir datos exhaustivos, desarrollar la capacidad analítica y comunicar el valor de los CFS RAI.

Mensajes clave

La integración de los CFS RAI en las políticas y planes de estudio de los centros académicos permitirá mejorar las inversiones en la agricultura en el futuro y:

• Contribuirá a crear conciencia entre las generaciones jóvenes sobre el amplio espectro de desafíos sociales, económicos y ambientales mundiales que podrían abordarse mediante el aumento de la inversión responsable en la agricultura.

• Facilitará la formación académica y profesional para aumentar la capacidad de los pequeños agricultores para dedicarse a la agricultura.

• Contribuirá a incrementar la participación de la mujer en las instituciones relacionadas con la agricultura y en las profesiones técnicas. Y al mismo tiempo a cambiar la mentalidad de las generaciones futuras para transformar las relaciones entre los géneros en la sociedad en general.

Es fundamental promover la investigación, el conocimiento y la innovación para identificar y supervisar los efectos de la inversión responsable en la agricultura y proporcionar análisis para apoyar la reforma de las políticas.

• Los resultados de investigaciones sobre los impactos de las IAR son esenciales para ampliar su promoción y fundamentar un debate político basado en la evidencia. El sector académico y los centros de investigación pueden promover y desarrollar análisis, estudios, indicadores y otras herramientas que sirvan para medir y monitorear las contribuciones de las IAR al desarrollo sostenible.

• Los datos desglosados por sexo, edad y etnia, así como el análisis, son esenciales para tomar decisiones políticas inclusivas.

Las alianzas entre los parlamentarios y el mundo académico pueden contribuir a traducir los resultados de las investigaciones en marcos jurídicos consolidados para lograr la Agenda 2030.

• El establecimiento de redes entre universidades, centros de investigación y legisladores puede ampliar los conocimientos, estimular la colaboración y contribuir a que las IAR ocupen un lugar destacado en la agenda política. El “Observatorio del Derecho a la Alimentación” en América Latina y el Caribe es un buen ejemplo de este tipo de redes. Reúne a más de 70 universidades, 17 países y ha realizado más de 100 estudios sobre el derecho a la alimentación (ODA ALC, 2020).

Referencias

• ASEAN Technical Working Group on Agriculture and Research Development (ATWGARD). 2018. The ASEAN guidelines on promoting responsible investment in food, agriculture and forestry. Hanoi, 38 pp. (También disponible en: https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Guidelines-on-responsible-investment-in-FAF.pdf).

• AUDA-NEPAD. 2014. Malabo Declaration on Accelerated Agricultural Growth and Transformation for Shared Prosperity and Improved Livelihoods (También disponible en: https://www.nepad.org/caadp/publication/malabo-declaration-accelerated-agricultural-growth).

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• Sustainable Development Goals Knowledge Platform. 2020. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Ciudad de Nueva York. [Citado 23 octubre de 2020]. (También disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld).

• Tanzi V. y Zee H. 2001. Fondo Monetario Internacional. La política tributaria en los países en desarrollo. Washington, DC. (disponible en: https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF051/06717-9781589060227/06717-9781589060227/Other_formats/Source_PDF/06717-9781451927290.pdf?redirect=true).

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• Unión Africana, Banco Africano de Desarrollo y Comisión Económica para África de las Naciones Unidas. 2014. Guiding Principles on Large Scale Land Based Investments in Africa. Addis Abeba. (También disponible en: https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/guiding_principles_eng_rev_era_size.pdf).

• Unión Europea. 2017. Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de septiembre de 2017 por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS. Bruselas. 16 pp. (También disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1601&from=ES).

• Unión Europea. 2019. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El Pacto Verde Europeo. Bruselas. 26 pp. (disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN).

• UIP & UNESCO. 2004. A guide to parliamentary practice. A handbook. Ciudad de Nueva York. 28 pp. (También disponible en: https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/handbook-guide-parliamentary-practice).

• UIP. 2016a. Los parlamentos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Una herramienta de autoevaluación. Ginebra. 40 pp. (También disponible en: https://www.ipu.org/es/content/los-parlamentos-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-una-herramienta-de-autoevaluacion).

• UIP. 2016b. Institutionalization of the Sustainable Development Goals in the work of parliaments. Ginebra. 18 pp. (También disponible en: https://www.ipu.org/es/node/9953).

Annexes:
Anexo 1

Lista de verificación de la acción parlamentaria[6]

Promover y apoyar la incorporación de los CFS RAI en el marco jurídico nacional:

✓ Influir en el programa legislativo de su país o región, participando en los debates parlamentarios o en el trabajo de las comisiones temáticas con el fin de aumentar la comprensión del papel de las inversiones agrícolas mejoradas para lograr los ODS. Es muy importante examinar cuidadosamente sobre todo las diferentes comisiones que pueden, de alguna manera, estar relacionados con las IAR, ya que la palabra “inversión” puede no estar incluida en su denominación[7].

✓ Evaluar y participar en los análisis de los marcos legislativos, reglamentarios e institucionales nacionales con el fin de identificar los cambios necesarios para aumentar las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios (En la nota de orientación 1 de la presente guía se ofrece orientación específica sobre esta medida).

✓ Asegurar la consistencia y la coherencia entre las leyes, los reglamentos y las políticas relacionadas con las inversiones en la agricultura y los sistemas alimentarios (En la nota de orientación 2 de la presente guía se ofrece orientación específica sobre esta medida).

✓ Promover la modificación de las leyes existentes y/o la adopción de nuevas leyes para promover la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (En la nota de orientación 3 de la presente guía se ofrece orientación específica sobre esta medida).

✓ Traducir los CFS RAI y los ODS en leyes nacionales aplicables que respondan y se ajusten a las prioridades de desarrollo específicas de cada país (UIP, 2016a y 2016b).

✓ Crear un marco normativo y jurídico sólido para las evaluaciones del impacto social y ambiental (ESIA, por sus siglas en inglés)[8] para proyectos de inversión agrícola a mayor escala, incluida la creación de una institución encargada de la evaluación, si no existiese en su país.

✓ Generar un entorno propicio para el desarrollo del sector agrícola, promoviendo la disponibilidad y el acceso a los servicios financieros, en particular para los pequeños productores, mediante los bancos agrícolas y la microfinanciación.

✓ Apoyar leyes que contengan incentivos claros, eficaces y basados en evidencias para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios por parte de inversores extranjeros y nacionales de todos los tamaños. Recuerde: la agricultura es a menudo vista como un sector de alto riesgo, ¡por lo que los inversores necesitan estímulos!

✓ Apoyar medidas que protejan los derechos de los pequeños productores, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las personas en situación más vulnerable, y que promuevan las inversiones por y para ellos. Esto incluye una consulta efectiva y significativa, y la adopción de medidas específicas para su participación satisfactoria como asociados comerciales en su propio proceso de desarrollo (por ejemplo, como parte de la respuesta a la COVID-19, algunos gobiernos han aprobado paquetes financieros para los agricultores).

Como parte de la fiscalización parlamentaria:

✓ Aprobar la asignación presupuestaria y/o asegurar que se asigne un presupuesto adecuado para la aplicación de las leyes relacionadas con las inversiones responsables en la agricultura, por ejemplo, en relación con los fondos asignados al logro de los ODS (En la nota de orientación 3 de la presente guía se ofrece orientación específica sobre esta medida).

✓ Seguimiento y fiscalización de la aplicación de las leyes, los reglamentos y el gasto público para la inversión responsable en la agricultura (En la nota de orientación 4 de la presente guía se ofrece orientación específica sobre esta medida).

✓ Asegurar que las políticas, protocolos e instituciones propuestas y/o anunciadas por el gobierno estén en línea con los CFS RAI y se implementen, y hacer que el gobierno rinda cuentas del uso de los fondos públicos.

✓ Generar mecanismos de transparencia y procesos abiertos de negociación de contratos de inversión. Comprobar si las posibles inversiones son responsables y están alineadas con otros objetivos y prioridades definidos a nivel nacional. Tratar de que los gobiernos rindan cuentas de la negociación y finalización de contratos de inversión en el sistema agrícola y alimentario, así como de la adopción de medidas que el Estado debe adoptar para eliminar cualquier incompatibilidad que se encuentre entre los derechos humanos sociales, económicos, culturales y políticos, el género, los derechos ambientales y los acuerdos de inversión existentes o futuros.

✓ Asegurar que los inversores del país respeten las obligaciones ambientales y los derechos humanos, incluida la igualdad de género, en todas sus operaciones. Solicitar a las empresas e instituciones financieras que presenten sus planes comerciales, en los que se aborden las cuestiones sociales y ambientales de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que actúen con la debida diligencia. Definir incentivos para quienes informen públicamente sobre los procesos y resultados relacionados[9].

✓ Asegurarse de que el gobierno establezca una reglamentación adecuada de la conducta de los inversores, canales apropiados de denuncias, protección para los denunciantes y actuar como denunciante cuando sea necesario.

✓ Supervisar la respuesta de los diferentes actores a las leyes y reglamentos sobre IAR, incluidos los bancos y las instituciones financieras, las empresas privadas, las asociaciones y cooperativas de productores, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de mujeres.

Promover la cooperación y la coordinación:

✓ Considerar la posibilidad de formar o unirse a una alianza parlamentaria, como un Frente Parlamentario contra el Hambre (Frente Parlamentario contra el Hambre, 2020), para promover las IAR, o situar las IAR en la agenda de las comisiones y foros parlamentarios existentes.

✓ Tratar de sensibilizar a otros parlamentarios y a sus electores, y promover actividades de fomento de capacidades en relación con los instrumentos regionales e internacionales pertinentes.

✓ Considerar la posibilidad de formar asociaciones y alianzas dentro del país, con la sociedad civil y las organizaciones de agricultores, el mundo académico, las ONGs y las organizaciones de consumidores, si no forman ya parte de alianzas parlamentarias regionales. Celebrar consultas periódicas; y promover el intercambio de conocimientos con esas partes interesadas.

✓ Fomentar la coordinación entre las diferentes instituciones para promover las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios.

✓ Recurrir la cooperación Sur-Sur y a la cooperación triangular para aprender de la experiencia de otros parlamentos o compartir las buenas prácticas de su país.

✓ Promover el fortalecimiento de las capacidades humanas y organizativas de las instituciones que trabajan en las IAR a nivel nacional, comenzando por una sólida evaluación de las necesidades de capacidad relacionadas con los diferentes Principios CFS RAI.

Contribuir a la generación y el intercambio de información:

✓ Buscar medidas para mejorar la recopilación de datos desglosados sobre los diferentes tipos de inversión y su impacto (incluidos los datos desglosados por sexo, edad y origen étnico).

✓ Apoyar los esfuerzos para difundir lo más ampliamente posible los CFS RAI y el marco legislativo y normativo relacionados.

✓ Hacer uso de los medios de comunicación para difundir a los ciudadanos de su país la labor que se está realizando para las IAR. Y considerar la posibilidad de realizar campañas de sensibilización pública sobre temas específicos (la Parte 3 de esta guía incluye consejos de incidencia y comunicación).

✓ Apoyar la incorporación transversal de los principios de transparencia en todo el marco jurídico de las IAR, incluida, por ejemplo, la publicación de los contratos de inversión y las evaluaciones del impacto social y ambiental (ESIA, por sus siglas en inglés).

Anexos:
Anexo 2

Ejemplos de legislación que promueven las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios a nivel nacional

Los marcos jurídicos que promuevan las IAR pueden habilitarse si los parlamentarios de todo el mundo son conscientes del papel fundamental que desempeñan las inversiones responsables para el logro de los ODS. En esta sección se presentan cinco breves ejemplos de legislaciones nacionales vigentes relacionadas con la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios en Asia, África y América Latina, mostrando su alineación con los CFS RAI y su posible contribución a los ODS.

Ejemplos de legislaciones nacionales que incluyen disposiciones específicas que promueven las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Contexto

El código de inversiones agrícolas tiene por objeto promover las inversiones productivas en la ganadería, la pesca, la silvicultura y la gestión de la fauna. Persigue el desarrollo de un sector rural resiliente y productivo, reforzando al mismo tiempo un enfoque orientado al mercado, basado en los principios del desarrollo sostenible. La ley establece un entorno propicio y crea incentivos para impulsar la inversión.

El código ofrece una definición clara y consensuada de las empresas agrícolas, facilita la formalización y el seguimiento de estas, y permite que los empresarios agrícolas dispongan de los medios jurídicos para justificar su situación ante las autoridades aduaneras y fiscales, a fin de beneficiarse efectivamente de las ventajas de los incentivos.

Disposiciones específicas sobre RAI

• En línea con el Principio CFS RAI 3 (“Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”), 4 (“Potenciar la participación y el empoderamiento de los jóvenes”) y 5 (“Respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el acceso al agua”), la ley hace un esfuerzo explícito para proteger y apoyar a los pequeños propietarios y a los grupos desfavorecidos. Así, el artículo 21 estipula que “el Estado o las autoridades locales, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente, organizarán programas especiales para la asignación individual o colectiva del uso de la tierra rural en sus respectivas tierras de uso rural en beneficio de grupos desfavorecidos de productores rurales, como los pequeños productores, las mujeres, los jóvenes y los ganaderos”[10]. Del mismo modo, el artículo 18 establece que “no se podrá incautar ninguna explotación familiar agrosilvopastoral, piscícola y de fauna, como resultado de una acción legal sin un procedimiento de conciliación previo.”

• Principio CFS RAI 6 (“Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes”). El título III de la ley se ocupa de promover la protección del medio ambiente y la innovación. Por ello, a las empresas que realizan nuevas inversiones en zonas de clima difícil o con recursos agrosilvopastorales, pesqueros y de fauna insuficientemente explotados, “y que operan en la esfera de la protección del medio ambiente utilizando tecnologías y/o técnicas innovadoras, en particular para la conservación de la producción y/o la elaboración en pequeña escala o semi-industrial[11]”, según el artículo 34 de la ley, se les conceden ventajas adicionales. Entre ellas se incluye la extensión de dos años de los beneficios en vigor, así como una exención de siete años de los impuestos sobre la renta de los valores mobiliarios y sobre los bienes de capital. En el capítulo III de la ley se definen los diferentes regímenes preferenciales, así como los criterios de elegibilidad para esos regímenes, que se conceden por una aprobación conjunta de los ministros de Industria y Finanzas, tras la aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones.

• De conformidad con el Principio 2 (“Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo”), la ley fomenta la generación de empleo local (artículo 28) ofreciendo incentivos fiscales como derechos de aduana y exenciones en función de la inversión proyectada y su impacto en la creación de empleo y, en menor medida, en términos de exportación de una parte importante de su producción.

• En el párrafo 36 de los CFS RAI se recomienda a los Estados que promuevan un entorno institucional, jurídico y normativo propicio, cuyo fundamento sea “la coherencia, la consistencia y la previsibilidad de las políticas, leyes y reglamentos en la gama de esferas relacionadas con la agricultura y los sistemas alimentarios”. En varios artículos del código de inversiones agrícolas se hacen referencias específicas y reiteradas a la aplicabilidad de las leyes y reglamentos vigentes en Burkina Faso, como el artículo 6, en el que se indica que “las inversiones en los sectores agrosilvopastoral, pesquero y de fauna se someten libremente al cumplimiento de las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes en Burkina Faso”. Estas referencias tienen por objeto garantizar que todos los inversores agrícolas estén sujetos al marco jurídico del país y evitar el riesgo de que el código pueda considerarse o utilizarse como un vehículo para permitir a los inversores agrícolas eludir otras esferas del derecho.

Beneficiarios

La ley revisada se aplica a los inversores locales e internacionales. La ley tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de los grupos desfavorecidos de productores rurales, como los pequeños productores, las mujeres, los jóvenes y los criadores de ganado (artículo 21[12]).

Resultados e impacto

• La ley proporciona máS claridad y coherencia para los inversores, al tiempo que refuerza el sistema jurídico y reglamentario existente, que rige cuestiones como la tierra, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y las obligaciones fiscales.

• La ley promueve técnicas modernas de producción y elaboración, procurando crear empleos dignos y reduciendo el desempleo de los jóvenes y las mujeres.

Factores de éxito

La elaboración de un código sectorial de inversiones surgió de la necesidad de crear condiciones favorables para atraer más inversiones agrícolas, ya que la ley que establece el código general de inversiones, no tiene suficientemente en cuenta dicho componente. La ley crea un entorno de incentivos para el desarrollo de actividades agrosilvopastorales, pesqueras y de fauna que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

Limitaciones

Varios apartados de la ley requieren la elaboración de decretos que establezcan disposiciones detalladas sobre la aplicación del código. Como estos decretos de aplicación no se han aprobado todavía, esto puede perjudicar el impacto del código.

Recursos relacionados

Solo en inglés:

• Burkina Faso Adopts a New Agricultural Investment Code: How does it contribute to sustainable development? https://www.iisd.org/blog/burkina-faso-agricultural-investment-code

Solo en francés:

• Loi n° 017-2018/AN du 17 mai 2018 portant code des investissements agro-sylvo-pastoral halieutique et faunique au Burkina-faso http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/BKF180804.pdf

• Projet de loi portant Code des investissements agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique (CIASPHF) au Burkina Faso: Note technique sur le CIASPHF https://www.pndes2020.com/pdf/code-investissements.pdf

• Plan national de développement économique et social http://cns.bf/IMG/pdf/pndes_2016-2020-4.pdf

Contexto

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) establece en su Punto 1, la Reforma Rural Integral (RRI), e incluye entre los principios para la implementación la igualdad y el enfoque de género y la regularización de la propiedad.

En este marco, se sustenta la Ley 1900 aprobada en 2018 que “tiene por objeto promover la equidad en el acceso de la mujer a la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, en la asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción de proyectos productivos para fomento de la actividad agropecuaria, así como fijar mecanismos que garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación”. Además estipula que “el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras priorizará a las pobladoras rurales para el acceso a la tierra, formalización, adjudicación de baldíos nacionales y asignación de recursos para proyectos productivos, mediante la asignación de puntaje dentro de la metodología que para el efecto disponga la autoridad competente, otorgando el doble de puntuación para cada variable de clasificación a aquellos hogares rurales cuya jefatura resida en cabeza de una mujer campesina”.

Disposiciones específicas relacionadas con los Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura

La ley está directamente relacionada con los Principios 3 y 5 y, por consiguiente, con el Principio 2. Las palabras clave de la ley que están relacionadas con los CFS RAI son: inclusión, acceso a la tierra, equidad, mujeres campesinas y actividades agropecuarias.

• Principio 3: Fomentar la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. La ley se alinea con las medidas i) y iii) del principio 3 al “aplicar el enfoque diferencial de género en la asignación de recursos que cada año se destinen para proyectos productivos por parte de los diferentes fondos, planes o programas” “para efectos de garantizar el acceso mayoritario y progresivo de las mujeres rurales en los recursos destinados para los proyectos productivos rurales” (artículo 8)

• Principio 5: Respetar la tenencia de la tierra. El acceso de la mujer a la adjudicación de los terrenos es el principal objetivo de la ley

• Principio 2. Contribuir al desarrollo económico e inclusivo y a la erradicación de la pobreza. Las beneficiarias de la ley son mujeres que se “hallen en condiciones de pobreza y marginalidad” (artículo 5).

Implementación

• El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras priorizará a las Pobladoras rurales para el acceso a la tierra, formalización, adjudicación de baldíos nacionales y asignación de recursos para proyectos productivos (artículo 2).

• El Gobierno desarrollará un programa de acompañamiento en orientación y capacitación para que las mujeres beneficiarias puedan hacer un uso eficiente de los recursos a los que acceden y de las tierras baldías adjudicadas, con el fin de impulsar sus proyectos productivos (artículo 9).

• El acceso a estos programas será gratuito y deberá garantizarse el cupo a todas las mujeres beneficiarias de la ley (artículo 9).

• La ley modifica disposiciones anteriores para introducir el enfoque diferencial de género en el acceso a subsidios y ayudas destinadas al desarrollo rural.

• Para apoyar el seguimiento al cumplimiento de la ley, la Comisión Accidental del Frente Parlamentario Contra el Hambre de Colombia en el Senado ha solicitado informe al Gobierno nacional.

Beneficiarios

• Mujeres rurales mayores de 16 años, que no sean propietarias de tierras, que se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad, y que deriven de la actividad rural en al menos el 50% de sus ingresos.

• Se dará prioridad a las que tengan hijos.

• Cónyuges o compañeros permanentes, mayores de 16 años, que sean jefes de familia y compartan responsabilidades sobre sus hijos menores u otros parientes si velaran por ellos.

• Se dará prioridad a los hogares encabezados por mujeres.

Resultados e impacto

La ley busca los siguientes resultados:

• Empoderamiento de las mujeres campesinas sin tierras vinculadas a actividades agropecuarias y rurales.

• Acceso de las mujeres rurales a recursos productivos para una mayor equidad y bienestar rural.

• Aprovechamiento de las tierras baldías nacionales para su aptitud productiva y el fomento de la actividad agropecuaria. Para lo cual, La Agencia de Tierras ha establecido para el periodo 2019-2022 la meta de que 12 142 mujeres se beneficien de los procesos de acceso y formalización de tierras. En diciembre de 2019, unas 6 375 mujeres ya se habían beneficiado de la ley (es decir, el 53% de la meta establecida para todo el periodo y el 254% de la meta para el año 2019).

• La Agencia Nacional de Tierras prevé un aumento de solicitudes, atribuido en parte a la presente ley, y ha fortalecido el sistema de Registro de Solicitudes.

Factores de éxito

La ley busca paliar el problema de acceso a la tierra en Colombia, reconocido como uno de los factores desencadenantes de la guerrilla y los conflictos padecidos en el país.

Limitaciones

La explotación de la tierra, según su aptitud específica, es una limitación para su adjudicación. En tal caso la ley establece que la tierra baldía no se adjudicará hasta que el colono no adopte un plan gradual de reconversión que garantice una explotación sostenible respetando las áreas dedicadas a la conservación vegetal protectora o al uso forestal.

Recursos relacionados

• Base de datos FAOLEX http:www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC191541

• Congreso de la República de Colombia Proyectos de Ley http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/6

• Informe de Gestión de la Agencia Nacional de Tierras 2019 http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Informedegestion2019.pdf

Contexto

La Ley de promoción de la inversión enmendada tiene por objeto crear un proceso más unificado para facilitar las inversiones nacionales y extranjeras en Laos, tanto públicas como privadas, introduciendo una serie de cambios sustanciales a fin de ajustarse a las normas y buenas prácticas internacionales.

Disposiciones específicas relacionadas con los Principios CFS RAI

La ley se hace eco del enfoque de los CFS RAI sobre la necesidad de promover una mayor integración de los elementos sociales, ambientales y económicos necesarios para el logro de los ODS. El artículo 5 de la ley de promoción de la inversión de 2016 establece los principios clave que rigen el fomento de las inversiones en el país, entre los que se incluyen “estar en consonancia con la dirección, la política, la estrategia, el plan nacional de desarrollo socioeconómico, el plan de desarrollo del sector pertinente, de la región y del crecimiento socioeconómico en cada período de tiempo, a fin de mejorar las condiciones de vida de las personas en cumplimiento de las leyes y los reglamentos”[13].

• El Principio CFS RAI 5 (“Respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el acceso al agua”) y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT), en particular el capítulo 12, relativo a la inversión, se reflejan en varias disposiciones de la ley revisada;

• Principio CFS RAI 6 (“Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes”). El artículo 5 de la ley de promoción de la inversión establece el principio de proteger los recursos naturales en “cumplimiento de la política de crecimiento verde y sostenibilidad.” En el mismo sentido, el artículo 74 dispone obligaciones ambientales más estrictas para los inversores (por ejemplo, 1. Cumplir estrictamente las obligaciones ambientales, promover el desarrollo y el crecimiento verdes, dar importancia a la protección del medio ambiente en línea con las leyes y reglamentos, y 3. Cumplir las obligaciones ambientales de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales en los que la República Democrática Popular Lao es parte) y fomenta una inversión agrícola más responsable. El artículo 9 prevé además incentivos, como por ejemplo exenciones fiscales, para las empresas respetuosas con el medio ambiente, entre los que se incluyen “2. Agricultura limpia y libre de tóxicos, producción de semillas de siembra, cría de animales, plantación industrial, desarrollo forestal, protección del medio ambiente y de la biodiversidad, actividades de promoción del desarrollo rural y reducción de la pobreza; 3. Industria de transformación agrícola respetuosa con el medio ambiente”.

• Principio CFS RAI 10 (“Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas”). La ley, en su artículo 44.6 sobre “la solicitud y documentación de la inversión”, requiere una evaluación del impacto ambiental, social y natural antes de la recepción de cualquier concesión, y, de igual manera, exige una evaluación del impacto socioambiental (artículo 59.6) a quienes deseen establecer una zona económica especial.

• La promoción y facilitación eficaces de las inversiones no solo consiste en promover un país como destino de inversiones y facilitar a los inversores el establecimiento o la ampliación de sus inversiones existentes. También se trata de asegurar que esas inversiones creen vínculos con las empresas nacionales y contribuyan a la transferencia de conocimientos especializados y a la creación de empleo. La ley ofrece una lista exhaustiva de los sectores priorizados por el Gobierno debido a su importante papel en el desarrollo económico nacional, el progreso social o el desarrollo sostenible. Da beneficios e incentivos a cada sector de acuerdo con el lugar en el que establecen sus actividades.

Implementación

En enero de 2018 se aprobó un decreto de aplicación sobre el establecimiento y funcionamiento del Comité de Promoción y Gestión de Inversiones, para aclarar la implementación y actuación de este Comité creado por la ley.

La función del Comité no termina una vez que se ha concedido la aprobación de la inversión. Se requerirán aprobaciones posteriores durante el curso de la inversión y durante toda la existencia de la persona jurídica que lleva a cabo la actividad empresarial en el país, en caso de que haya modificaciones de la inversión/proyecto inicial, como la transferencia de acciones; cambios en los objetivos de la empresa; o el uso de los derechos de concesión/inversión como garantía. El Comité también está facultado para suspender o cancelar las licencias concedidas a los inversores si no se cumplen los requisitos.

El presupuesto para el funcionamiento del Comité está directamente vinculado al presupuesto del Ministerio de Planificación e Inversión, mientras que el presupuesto de cada Comité provincial está vinculado al Departamento de Promoción de Inversiones de cada provincia.

Beneficiarios

La ley revisada se aplica a los inversores nacionales e internacionales, independientemente de su nacionalidad.

La ley alienta explícitamente a los inversores a contribuir al empleo de los trabajadores del país, especialmente de las mujeres y los grupos étnicos, y a centrarse en el desarrollo de las aptitudes laborales. Establece claras obligaciones sociales para el inversor (artículo 72).

Resultados e impacto

La ley introduce una serie de cambios sustanciales a fin de ajustarse a las normas y buenas prácticas internacionales. Proporciona mayor claridad a los inversores sobre sus derechos e incentivos, así como respecto al plazo para la tramitación de las solicitudes de negocio. Contribuye a mejorar el clima de inversión.

Un cambio clave introducido por esta ley es que otorga poderes específicos a la Asamblea Nacional (artículo 49)[14], exigiendo la aprobación parlamentaria de los contratos de inversión agrícola que superen un determinado valor o que impliquen el arrendamiento de tierras de un determinado tamaño. Asimismo, la Asamblea Nacional tiene una función especial de fiscalización de las condiciones de las concesiones de tierras y de las inversiones específicas en el caso de que puedan tener un impacto adverso en la naturaleza, el medio ambiente o la sociedad.

La ley formaliza también una práctica establecida en Laos por la que la Asamblea Nacional examina y da la aprobación final a incentivos fiscales especiales y de otro tipo (artículo 19)[15] que se concederán a los proyectos que no sean elegibles para los incentivos de inversión estándar.

Factores de éxito

Numerosos países esperan que la inversión extranjera directa en el sector agrícola genere empleo, impulse la productividad y acelere la transformación de la agricultura, aumentando al mismo tiempo los ingresos públicos. En cambio, muchos de ellos perciben un retorno limitado a las economías locales, efectos negativos en los sistemas agrícolas de los pequeños agricultores y conflictos por la tierra y los recursos naturales.

En la RDP Lao, el Gobierno consideró varias medidas para limitar los efectos negativos de las adquisiciones de tierras a gran escala y regular mejor las inversiones agroindustriales, sin dejar de ofrecer oportunidades a la agricultura comercial. Esto incluía una moratoria sobre las grandes concesiones de tierras para la agricultura. Sin embargo, el Gobierno sigue reconociendo que la inversión privada puede desempeñar un papel fundamental en el logro del desarrollo sostenible y, por lo tanto, las medidas de promoción y facilitación de las inversiones pueden ser medios poderosos para atraer inversiones y maximizar su contribución al desarrollo sostenible.

Recursos relacionados

Solo en inglés:

• Base de datos FAOLEX http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC170810

• Ley de promoción de la inversión enmendada nº. 14/NA extraída de: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/177/lao-people-s-democratic-republic-investment-law

• OECD Investment Policy Reviews: Lao PDR, OECD Investment Policy Reviews, OECD Publishing, Paris: http://dx.doi.org/10.1787/9789264276055-en

• Lao Legal Update: Lao Government Makes Significant Reforms to Investment Promotion Law: http://www.dfdl.com/resources/legal-and-tax-updates/lao-legal-update-lao-government-makes-significant-reforms-to-investment-promotion-law/

• Lao Peoples Democratic Republic: Laos Establishes Investment Promotion And Management Committee: https://www.mondaq.com/Government-Public-Sector/695938/Laos-Establishes-Investment-Promotion-And-Management-Committee

Ejemplos de leyes y reglamentos sobre la inversión en la agricultura que se han promulgado como resultado de procesos participativos bien estructurados

La promoción de la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios es responsabilidad colectiva de todas las partes interesadas. Los CFS RAI fomentan la participación libre, eficaz, significativa e informada en los procesos de toma de decisiones relacionados con las inversiones en la agricultura y los sistemas alimentarios con todas las partes afectadas por las inversiones. (véase el Principio 9 y el párrafo 31 de los CFS RAI).

Contexto

La ley busca mejorar la salud de los consumidores mediante una mejor información respecto a los alimentos que adquieren, a través de la advertencia de potenciales efectos dañinos para la salud y nutrición de la población. Consta de cuatro partes:

a. Etiquetado obligatorio de advertencia en la parte frontal en los alimentos con un contenido crítico en sal, grasas saturadas, azúcar y calorías.

b. Prohibición de la publicidad de alimentos con etiquetas de advertencia, dirigida a menores de 14 años.

c. Prohibición de la venta de alimentos no saludables en escuelas.

d. Educación sobre dietas saludables.

Disposiciones específicas relacionadas con los Principios CFS RAI

• Principio 8 “Promover sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y saludables”. Los resultados que persigue la ley están alineados con las medidas v y vi:

v. Incremento de la sensibilización, los conocimientos y la comunicación de información fundamentada sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, la nutrición y los problemas de salud pública…;

vi. Permitir mejorar la elección del consumidor, mediante la promoción de la disponibilidad de alimentos inocuos, nutritivos, diversos y culturalmente aceptables. En los artículos 1º, 2º, 3º y 5º de la ley, se expresa la responsabilidad de los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos en el cumplimiento de la ley, en especial en aquello referente a la información nutricional de los alimentos y su composición.

• Principio 10 “Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas”. El proceso de definición de la ley incluyó evaluaciones sobre las repercusiones en los distintos actores de la cadena (en línea con la medida i) y se tuvieron en cuenta en su diseño (medida iii).

i. aplicando mecanismos que permitan realizar evaluaciones independientes y transparentes de las repercusiones potenciales en todos los grupos de interesados…;

iii. determinando medidas para prevenir y abordar las posibles repercusiones negativas…

Implementación

• El responsable de la implementación de la ley es el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA).

• El MINSAL, a través sus 15 oficinas descentralizadas, está a cargo del monitoreo sobre posibles violaciones de la ley, organizando inspecciones en puntos de venta y monitoreando la utilización de las etiquetas.

• Los costos del etiquetado son asumidos por las empresas privadas.

• El MINSAL tiene acuerdos de colaboración con: el Consejo Nacional de Televisión (seguimiento de la publicidad), el Servicio Nacional del Consumidor (las denuncias ciudadanas), el Ministerio de Educación (el incumplimiento en los centros educativos).

• EL MINSAL cuenta con la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) accesible de forma presencial y electrónica.

Beneficiarios

• La ley tiene una cobertura universal en su componente de información nutricional y advertencia al estar dirigida a todos los consumidores.

• Población menor de 14 años, respecto a las medidas de prohibición de publicidad y venta de alimentos no saludables en las escuelas.

Proceso de consulta

• Fase de discusión de la ley en el Congreso: audiencias públicas en las Comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Diputados, además de algunas comisiones mixtas de ambas cámaras, con la participación de:

- Asesoramiento técnico de la OMS, la FAO, la Universidad de Chile y la Universidad Católica.

- Sector industrial y de distribución alimentaria.

• Fase de diseño e implementación del reglamento a cargo del MINSAL:

- Diálogos ciudadanos en todas las regiones del país: 37 diálogos con 3 369 asistentes.

- Para los gestores de la salud pública: 21 escuelas en 14 regiones del país con 1 500 participantes.

- Para líderes sociales: 29 escuelas en las 15 regiones del país, con 1 900 participantes.

- Consulta virtual, abierta durante 60 días, en la que se recibieron 3 000 observaciones, sugerencias y comentarios, que fueron sistematizados, respondidos y considerados en la redacción final del reglamento.

Resultados e impacto

• En el diseño y ubicación de las etiquetas de advertencia sobre el contenido crítico de calorías, grasas saturadas, sodio o azúcares, se tomaron en cuenta las observaciones recibidas a través de la consulta virtual con la sociedad civil. Se acordó evitar mensajes negativos y favorecer la visibilidad. En cuanto al texto, la etiqueta dice “ALTO EN’’ (en vez de “Exceso en”); en cuanto a la forma, consiste en un octógono negro (en lugar de un círculo rojo u otros colores de menor visibilidad); en cuanto a la ubicación, el sello está en la parte delantera del paquete del producto. Los niños participaron en las consultas para garantizar la claridad y la importancia de los iconos (esto es un ejemplo práctico de enfoque basado en los derechos humanos).

• En la aplicación de las restricciones a menores de 14 años, también se consideraron las observaciones recibidas durante el proceso de la consulta en línea y se acordó restringir la publicidad en aquellos programas y páginas web que se dirigen específicamente a los menores de 14 años o que captan el 20% o más de la audiencia de menores de esa edad.

• En cuanto a las restricciones de venta en escuelas, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la OMS y las legislaciones internacionales de aplicación en otros países como Australia, Reino Unido, España, Uruguay, Corea del Sur o algunos estados de los Estados Unidos.

• Muchas empresas realizaron inversiones para modificar los ingredientes críticos contenidos en sus productos. A julio del 2019, de 5 000 productos, el 17,7% había sido reformulado. Un ejemplo es la compañía lechera SOPROLE, que reformuló el 100% de sus productos para no tener que incluir sellos de advertencia.

• Adicionalmente a los resultados nacionales, la ley ha tenido un importante impacto a nivel regional y mundial, principalmente a través de la visibilidad de la ley generada por los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH ALC). Como resultado de lo anterior, y específicamente a partir de los intercambios de experiencias regionales y del trabajo realizado por el Senador Guido Girardi, coautor de la ley y Coordinador del FPH Chile, y con el apoyo de FAO, México, Perú y Uruguay, todos han aprobado regulaciones sobre el etiquetado de alimentos. Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay están discutiendo, bajo el liderazgo de sus Frentes nacionales y con el apoyo de la FAO, la adopción de dicha legislación a sus respectivos contextos nacionales.

• Como resultado de lo anterior, en términos de difusión e impacto de la ley, la FAO otorgó el premio Jacques Diouf (2019) a este grupo de “líderes” parlamentarios, reconociendo la ley como una “contribución significativa a la mejora de la seguridad alimentaria mundial”.

Factores de éxito

• El proceso de discusión y escucha parlamentaria duró varios años (en las actas de registro de las comisiones de salud de ambas cámaras, consta que se realizaron 19 sesiones participativas entre los meses de marzo de 2007 y abril de 2012), las peticiones de reducción de los elementos clave de la ley por parte de los distintos sectores no tuvieron éxito.

• Otros aspectos clave fueron la gran urgencia de las autoridades y los parlamentarios por encontrar una solución a los problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad de la población y por abordar la situación epidemiológica del país. A ellos se sumó la voluntad política de las autoridades, incluidos el Ministerio de Salud y algunos parlamentarios, de avanzar en el proceso legislativo y promulgar la ley. Un componente fundamental fue el apoyo que tuvo la ley por parte de la academia y organizaciones internacionales, que prestaron su apoyo durante todo el proceso, principalmente aportando evidencias científicas para justificar su aprobación.

Limitaciones

La principal limitación fue la escasa participación de organizaciones de consumidores:

- En el debate parlamentario para la elaboración de la ley solo en una de las sesiones estuvo presente una organización de consumidores, según consta en las 19 actas registradas.

- En las consultas para la redacción del reglamento solo interactuó una organización de consumidores (CONADECUS) que no tiene un alto grado de representatividad en muchas regiones del país.

Recursos relacionados

• Aprobación de Nueva Ley De Alimentos en Chile: Resumen Del Proceso: http://www.fao.org/3/a-i7692s.pdf

• FAO reconoce internacionalmente Ley de Etiquetado. Promotores de la iniciativa chilena fueron distinguidos con el galardón Jacques Diouf por su importante contribución a la seguridad alimentaria mundial: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1199927/#:~:text=26%20de%20junio%20de%202019,Ley%2C%20el%20senador%20Guido%20Girardi.

• La ley chilena de etiquetado de alimentos. Conferencia celebrada en la Sede de la FAO sobre el papel de los frentes parlamentarios en la mejora de la nutrición en el mundo: http://www.fao.org/3/CA1962B/ca1962b.pdf

• Base de datos FAOLEX. http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC114209/

• Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad en Chile. https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/etiquetado-de-alimentos

• Evaluación de la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad en Chile: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/EVALUACION-LEY-DE-ALIMENTOS_julio-2019_02.pdf

• Consolidado de respuestas a observaciones recibidas durante consulta pública nacional e internacional sobre propuesta de modificación del decreto supremo nº 977/96, Reglamento sanitario de los alimentos, del ministerio de salud de Chile: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/CONSOLIDADO-DE-RESPUESTAS-A-OBSERVACIONES-RECIBIDAS-DURANTE-CONSULTA-P%C3%9ABLICA.pdf

Solo en inglés:

• An evaluation of Chile’s Law of Food Labeling and Advertising on sugar-sweetened beverage purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study.: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015

Contexto

La mayoría de las inversiones en agricultura en los países en desarrollo se realizan en entornos en los que la gobernanza de la tenencia de la tierra es débil y donde la prevalencia de la pobreza es elevada. La seguridad de la tenencia de la tierra es una condición fundamental para consagrar la cohesión social, reducir la vulnerabilidad de los hogares y aumentar las inversiones, tanto de las empresas privadas como de los pequeños agricultores. A la inversa, la incertidumbre relacionada con la tenencia de la tierra puede desalentar la inversión por temor a los conflictos y al desalojo de tierras. Esta ley establece las condiciones de acceso a las tierras agrícolas y comprende disposiciones para salvaguardar los derechos consuetudinarios individuales y colectivos, incluyendo comisiones descentralizadas de tierras rurales para gestionar los conflictos sobre tierras, creando así un entorno propicio con un marco normativo claro y coherente que rige los derechos de tenencia. La ley contribuye a mejorar la seguridad de la tenencia en Malí en lo que respecta a los derechos individuales sobre la tierra, los derechos colectivos de las explotaciones agrícolas familiares y las empresas agrícolas.

La ley se elaboró tras un proceso nacional participativo con intensos procesos de consulta y un mecanismo de diálogo reforzado en el que participaron diferentes partes interesadas en la formulación de la ley.

Disposiciones específicas relacionadas con los Principios CFS RAI

La ley se inspiró en el Marco y directrices sobre políticas de tierras en África y en las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT).

Independientemente del tipo de derecho de tenencia, las normas y procedimientos relativos a los derechos y su transferencia a otras partes, están claramente definidos en el marco regulatorio (capítulos 3, 4 y 5).

No obstante, al menos el 15% de la ordenación territorial del Estado o de las colectividades territoriales se asignará a las agrupaciones y asociaciones de mujeres y jóvenes situadas en la zona en cuestión[16].

La ley genera un enfoque innovador y/o proactivo para promover los derechos de tenencia de las mujeres y los jóvenes, lo que pone en práctica el Principio 3 de los CFS RAI, sobre el fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y el Principio 4, sobre la participación y el empoderamiento de los jóvenes. Su artículo 13 dispone una medida destinada específicamente a apoyar a las mujeres y a los grupos de jóvenes en virtud de la cual se les asigna al menos el 15% de las tierras desarrolladas por el Estado[17]. Esto supone un progreso significativo para que las mujeres y los jóvenes de Malí puedan ser propietarios legales de tierras y disfrutar de los beneficios económicos del sector agrícola, al que contribuyen en gran medida.

Implementación

La plataforma que se menciona a continuación (véase “Proceso de consultas”) sirve de base para las actividades de vigilancia colaborativa destinadas a seguir la evolución de todas las políticas relacionadas con el derecho de las tierras agrícolas.

Mientras tanto, la ley establece el Observatorio Nacional de Tierras Agrícolas (Observatoire national du Foncier Agricole) (artículo 43), que documentará las cuestiones relativas a la tierra y supervisará la aplicación de la ley y las prácticas de ordenación de la tierra en las zonas rurales. El observatorio publicará periódicamente información sobre la evolución de la situación de las tierras agrícolas en el país y las mejores prácticas actuales, y alertará al Gobierno sobre los posibles riesgos.

Beneficiarios

Los beneficiarios previstos son diferentes categorias de agricultores y emprendedores agricolas, con especial atención las mujeres y los jóvenes (artículo 13).

Proceso de consultas

En el contexto de los esfuerzo por aplicar las Directrices DVGT y como parte del proceso de reforma de la legislación sobre la tierra, el Gobierno acordó con las organizaciones de agricultores, en noviembre de 2019, establecer una plataforma de múltiples actores. La plataforma fue copresidida por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Planificación Urbana. La vicepresidencia y la secretaría recayeron en la Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas (Coordination nationale des organisations paysannes - CNOP), que se reúne una vez al año. La mayor parte de la labor fue realizada por un grupo de trabajo denominado Marco de consulta sobre directrices para la gobernanza de la tierra, que está compuesto por la CMAT (Convergence Malienne contre l’Accaparement des Terres) y en el que participa personal técnico de los ministerios y departamentos pertinentes, así como investigadores académicos. El Marco de consulta ofrece un espacio para una labor más operativa en torno a las prioridades y las líneas de acción definidas por la plataforma de alto nivel.

El Marco de consulta organizó varios seminarios (que permitieron un proceso de aprendizaje colectivo que sentó las bases para debatir las propuestas) y visitas en terreno, a fin de analizar conjuntamente los problemas existentes en relación con la gobernanza de la tenencia y elaborar propuestas de posibles soluciones. Organizó varios talleres de sensibilización en el país. La plataforma elaboró un “documento de incidencia política” para la legislación sobre tierras agrícolas y organizó misiones sobre el terreno para que los miembros del “Marco de consulta” pudieran reunir información directa sobre cuestiones de tenencia y conflictos relacionados con la tierra. Esto permite a los miembros de la plataforma debatir directamente las cuestiones relativas a la tierra con las comunidades afectadas, de modo que sus voces puedan dar forma e influir en la ley definitiva sobre las tierras agrícolas.

El Marco de consulta se reunió periódicamente y, tras la aprobación de la ley de tierras agrícolas, organizó talleres de sensibilización para recabar las opiniones de los interesados sobre los borradores de decretos de aplicación de la ley. Estos decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2018.

Entre los miembros de la plataforma figuraban funcionarios del Estado, movimientos sociales y organizaciones de campesinos, representantes de las comunidades afectadas, parlamentarios, académicos/investigadores, la oficina nacional de la FAO, ONGs y algunas asociaciones nacionales del sector privado.

Un aspecto importante de la participación fue el involucramiento de miembros del Parlamento en la plataforma. Al observar la ausencia de parlamentarios en el debate inicial, la secretaría de la plataforma se dirigió a la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional. En primer lugar, proporcionó información clave para que los parlamentarios comprendieran las cuestiones fundamentales y se adhirieran a las principales propuestas que aportó la plataforma para enmendar el borrador presentado por el Gobierno. A partir de ahí, los parlamentarios participaron activamente en el proceso y prestaron asesoramiento a diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluidos los miembros no pertenecientes a la plataforma, para llegar a una posición armonizada sobre la ley. Finalmente, se encontró una posición común y fue utilizada por los parlamentarios para apoyar las enmiendas propuestas durante la aprobación de la ley en la Asamblea Nacional, en marzo de 2017.

Las mujeres y los jóvenes estaban representados en la plataforma (las federaciones de mujeres y jóvenes rurales son miembros de las organizaciones de agricultores que albergan la secretaría) y pudieron garantizar la salvaguardia de sus intereses en el proceso.

Resultados e impacto

Los beneficios de este tipo de plataforma de múltiples interesados son varios. En primer lugar, puede mejorar la participación significativa creando un espacio que involucre a todas las partes interesadas. En particular, puede llegar a los pequeños agricultores, que a menudo desconocen las leyes y políticas que rigen el acceso a la tierra y los recursos de los que dependen para su subsistencia. En segundo lugar, puede aumentar la transparencia y la capacidad de los ciudadanos para influir en las políticas y participar en la adopción de decisiones en materia de agricultura y ordenación de los recursos naturales, especialmente en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la tierra.

Factores de éxito

Basándose en la experiencia nacional de los procesos participativos utilizados en la preparación de la Ley de orientación agrícola de 2006 y la Política de tierras agrícolas de 2014, el Gobierno de Malí apoyó los procesos participativos para catalizar la participación pública en la reforma agraria. El carácter inclusivo y participativo del mecanismo de gobernanza se tradujo en un fuerte apoyo político y en la cohesión de todas las partes interesadas. La plataforma se convirtió en un espacio concreto para presentar propuestas encaminadas a mejorar la gobernanza de la tierra en Malí. Fue fundamental para asegurar el éxito del diálogo sobre políticas y crear un entendimiento común de las cuestiones de inseguridad de la tenencia y para las deliberaciones relacionadas con la ley de las tierras agrícolas.

Limitaciones

El proceso requería importantes recursos financieros y logísticos, y a pesar de esas limitaciones, esos espacios de diálogo contribuían a un compromiso estructural y a largo plazo entre las partes interesadas y fomentaban el sentido de apropiación, creaban vínculos entre los diferentes niveles de gobernanza y mejoraban la formulación de políticas.

Recursos relacionados

• Salvaguardar los derechos de tenencia de la tierra en el contexto de las inversiones agrícolas, FAO, 2015: http://www.fao.org/3/a-i4998s.pdf

Solo en inglés:

• Policy dialogue spaces and multi-actor platforms in the context of tenure governance. A civil society perspective on experiences and criteria to advance human rights-based governance of tenure: https://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2018/Reports_and_guidelines/WP_PolicyDialogueSpaces-TenureGovernance_final_EN.pdf

• Historic New Law Secures Land for Malian Farmers, Mohamed Coulibaly, IISD, 2018: https://www.iisd.org/blog/historic-new-law-secures-land-malian-farmers

Solo en francés:

• Base de datos FAOLEX: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC165599/

Entrevistas:

Mohamed Coulibaly, ONU-HABITAT.

Hon. Haidara Aichata Cissé, Miembro del Parlamento, Malí.

Ejemplo de legislación nacional con un presupuesto adecuado asignado para su aplicación

Contexto

La ley establece las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la agricultura familiar y reconoce su importante papel en: la producción de alimentos nutritivos y saludables; la protección de la biodiversidad; el uso sostenible de los recursos naturales; la economía local; la generación de empleo en las comunidades (artículo 1 de la ley).

Disposiciones específicas relacionadas con los Principios CFS RAI

La ley se relaciona directamente con el Principio 2. Contribuir al desarrollo económico sostenible, inclusivo y la erradicación de la pobreza.

vi) respaldando la aplicación de políticas y medidas destinadas a dotar de los medios necesarios a las partes interesadas, especialmente a los pequeños productores (incluidos los agricultores familiares, tanto hombres como mujeres) y sus organizaciones, así como a incrementar la capacidad de recursos humanos de estos interesados, y promoviendo su acceso a los recursos e insumos según proceda;

La finalidad de la presente ley es mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar, reducir la pobreza del sector rural y orientar la acción de los organismos competentes, en los distintos niveles de gobierno con un enfoque multisectorial e intergubernamental, para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar (artículo 2).

La ley está también relacionada con el Principio 1. Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición y el Principio 6. Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes, ya que promueve la agricultura familiar, considerando su importancia en la seguridad alimentaria y nutricional, así como la protección de la agrobiodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

Implementación

• La visión y objetivos de la ley concuerdan con la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021,

• La aplicación de la ley se logra a través de la implementación de su reglamento (DS nº 15-2016-MINAGRI) y del Plan Nacional de Promoción y Desarrollo de Agricultura Familiar. La elaboración de un informe técnico que contenga el Plan es una de las funciones de la Comisión Multisectorial y debe incluir las responsabilidades, los plazos y la previsión de la financiación correspondiente para su implementación. (artículo 4 del reglamento).

• La financiación para la implementación de la ley tiene distintas fuentes:

- Programas de crédito y seguros oficiales diseñados de manera exclusiva para las unidades productivas de la agricultura familiar (artículo 19 y 20 del reglamento)

- Los proyectos productivos a favor de la agricultura familiar se financian y ejecutan por los Gobiernos locales. Para ello los Gobiernos locales destinan hasta el 10% de su presupuesto y ponen en marcha los Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR). Los CLAR están formados por representantes de instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil y son presididos por el alcalde. Toman sus decisiones de acuerdo con las directivas del MINAGRI que se reflejan en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y en el Plan que desarrolla la Estrategia (artículo 21 del reglamento).

• El seguimiento de las actividades de lo dispuesto en la ley se lleva a cabo por la Comisión Multisectorial que debe elaborar un informe anual de progreso hacia el cumplimiento de los objetivos haciendo uso de los indicadores y metas incluidos en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021. El informe se presenta a través del Ministerio de Agricultura al Consejo de Ministros, y se publica en los portales institucionales. (artículo 14 del reglamento).

Beneficiarios

• Son beneficiarios de la ley los hombres y mujeres pertenecientes a un núcleo familiar en un territorio rural que practican la agricultura familiar y los miembros de estas familias (artículo 3 de la ley y artículo 7 del reglamento).

• Esto incluye (artículo 4 de la ley y artículo 7 del reglamento):

- Agricultura familiar de subsistencia: orientada al autoconsumo y con poca disponibilidad de recursos y limitados ingresos por lo que sus miembros ofrecen su mano de obra en otras actividades.

- Agricultura familiar intermedia que depende de su propia producción para el autoconsumo y para la venta, lo que le permite satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la familia, pero no es suficiente para el desarrollo de una unidad productiva.

- Agricultura familiar consolidada: tiene acceso a recursos que le permiten ampliar su unidad productiva e implementar el valor de la producción.

Resultados e impacto

• La Comisión Multisectorial emitió un informe técnico con el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF) 2019-2021, que quedó aprobado por el MINAGRI en noviembre de 2019 (DS 007-2019-MINAGRI).

• El PLANAF es el instrumento para la implementación de la ley y tiene el objetivo general de mejorar los ingresos de los productores y productoras de la agricultura familiar de manera sostenible, para lo cual establece un presupuesto proyectado para el periodo 2019-2021 de 10 707 millones de Soles (alrededor de 3 205 millones de USD aprox.) (Anexo 2 del PLANAF, DS 007-2019-MINAGRI).

• El Informe de Progresos de 2016 hasta 2018 realizado en el Marco del Decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar[18] se hace eco de la publicación de la ley, el reglamento y la estrategia objeto de este documento, así como de la creación de la Comisión Multisectorial.

Factores de éxito

• La ley fue propuesta por el congresista M. Julca Jara, ex coordinador nacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre del Perú y Primer Vicepresidente del Congreso de la República (2015), en coordinación con otros diputados, organizaciones agrarias y con el apoyo de entidades privadas de cooperación internacional, aprovechando el contexto internacional propicio derivado de la proclamación en 2014 del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 por las Naciones Unidas es una oportunidad que puede representar un impulso adicional para el logro de los propósitos de la ley. La FAO (Oficina Regional para América Latina y el Caribe y Representación en Perú) apoyó técnicamente en la elaboración de esta ley.

• Otros hitos que contribuyeron a generar el ambiente propicio para la discusión y aprobación de esta ley, fueron la Declaración sobre Agricultura Familiar del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), así como la celebración del VI Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH ALC), realizado en noviembre de 2015, en Lima, Perú. El compromiso del Congreso del Perú, con la realización de este Foro, fue un elemento clave para la aprobación de la ley.

• La articulación de la ley con otros componentes de las políticas públicas (El reglamento que desarrolla la ley, la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) y el Plan de Acción Nacional para la implementación de la estrategia) permite la implementación efectiva de la ley y la coherencia de las intervenciones.

Limitaciones

La ley señala que su ámbito de aplicación abarca al sector público nacional, regional y local. Pero no específica los requisitos de dichas administraciones, lo cual se resuelve en el reglamento en donde se señala que los organismos de los Gobiernos nacionales, regionales, y locales, “que ejerzan competencias, atribuciones y funciones relacionadas directamente con la agricultura familiar, están obligados a incorporar en sus planes las acciones orientadas al cumplimiento de la Ley” (artículo 11 del reglamento). Además, se hace énfasis en que “los Gobiernos regionales aprueban sus respectivas estrategias regionales de AF en concordancia con la ENAF, la ley y el reglamento” (artículo 15). Sin embargo, el hecho de que no se contemple el establecimiento de sanciones, unido a que el reglamento no indica el porcentaje mínimo de los recursos presupuestales que los Gobiernos locales deberían destinar para financiar proyectos, resulta en un margen de discrecionalidad muy alto en las distintas regiones.

Recursos relacionados

• Base de datos FAOLEX: http:/www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC150664/

• Vargas Casas, L. A. (2018). La agricultura familiar en el Perú, ¿qué está en juego? Una mirada desde la cooperación internacional privada.

• Conveagro, 2018.Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (nº 30355) y su Reglamento

• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y crea la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30355-decreto-supremo-n-015-2016-minagri-1408438-2/

• Informe de los avances en agricultura familiar en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar: http://coprofam.org/wp-content/uploads/2019/10/3-Informe-avances-de-poli%CC%81ticas-para-CCM-octubre-2019.pdf

• Proyecto de ley: Ley Marco para la promoción y desarrollo sostenible de la agricultura familiar: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/

Anexos:
Anexo 3

Breves estudios de casos de buenas prácticas de inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios

Contexto

La importancia de las semillas radica en que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. En términos de seguridad de semillas, un agricultor es resiliente en la medida que puede resistir a situaciones de crisis o factores adversos. Esta resiliencia se manifiesta en términos de disponibilidad, acceso, calidad y aptitud varietal de semillas.

En los Valles Altos Centrales de México, los productores utilizan maíz nativo; aunque este maíz cumple las condiciones de disponibilidad y accesibilidad, carece de calidad y aptitud varietal ya que se trata de un maíz con el que obtienen bajos rendimientos, y además presenta problemas de encamado.

La alternativa de comprar semillas comerciales certificadas de mayor calidad y aptitud varietal no cumple la condición de accesibilidad por parte de los pequeños productores debido a su precio. Además, estas semillas se comercializan por un acotado número de grandes empresas, resultando en la dependencia de los agricultores y aumento de su vulnerabilidad, así como en una pobreza varietal con la consiguiente pérdida de biodiversidad.

Proyecto de inversión

En respuesta a los desafíos planteados, un grupo de investigadores del Colegio de Postgraduados de México obtuvo un maíz híbrido HS-2, con un alto potencial productivo. Para su transferencia, se dispuso en el año 2015 una inversión de USD 1.2 millones de pesos (alrededor de 54 000 USD), aportados por el Gobierno federal para sembrar una superficie de 800 hectáreas, recurso destinado para la compra de semillas, insumos y sembradoras de precisión. Para ampliar la superficie sembrada del HS-2, se requiere de un monto de USD 6.9 millones de pesos mexicanos (alrededor de 314 000 USD) para sembrar 10 hectáreas de producción de semilla y 1500 hectáreas de siembra comercial.

Los beneficiarios aportarían el 20% de la inversión total. Para facilitar su participación, esta inversión se realizaría de forma organizada, colectiva y flexible, y consideraría diferentes posibilidades como el acceso al crédito, el acuerdo de aceptación de pago en diferido, etc.

El proyecto se llevaría a cabo estableciendo lotes de producción de semilla con empresas familiares como de módulos escolares con la participación de productores y organizaciones empresariales.

Beneficiarios

Los beneficiarios son pequeños productores de maíz de comunidades indígenas y con bajos ingresos, que practican una agricultura de secano. Se trata de productores del Valle de Puebla por ser el área en la que interviene el Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Para su identificación, el Colegio realizó unas Jornadas de difusión y promoción con una convocatoria a todos los productores de la zona. Tras las jornadas se establecieron unas parcelas de demostración con la colaboración de aquellos productores que mostraron interés, produciéndose posteriormente un efecto bola de nieve al crecer el interés por parte de más productores hasta un total de 400, propietarios de las 800 hectáreas. Estos beneficiarios se han agrupado en 12 asociaciones de productores y están participando en las siembras comerciales de la semilla desde el año 2015.

Relación con los Principios CFS RAI y factores de éxito

Principio 1: Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición. Al incrementarse los rendimientos se mejora la capacidad de los agricultores de producir alimentos para sí mismos y para otras personas, y mejoraron sus ingresos.

Principio 2. Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza. Los productores de maíz aumentan sus ingresos al incrementar sus rendimientos y al comercializar su propia semilla, accediendo a nuevas oportunidades de manera más equitativa.

Principio 6: Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes. El proyecto de inversión hace uso de los recursos genéticos locales reconociendo el papel que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La utilización de la semilla HS-2 se hace posible gracias a la integración de conocimientos tradicionales y científicos, combinando enfoques agroecológicos con la intensificación sostenible e incrementando la resiliencia de la agricultura.

La mejora de semillas es una medida de adaptación al cambio climático.

Resultados e impacto

• Disponibilidad de semillas a un precio accesible para los pequeños productores

• Generación de ingresos para los pequeños productores por la venta de semillas híbrida HS-2

• En el año 2015 se sembraron 800 hectáreas pertenecientes a 400 productores. En los siguientes cuatro años entre 350 y 400 productores han adquirido semillas para sembrar entre 600 y 800 hectáreas. El 85% de los 400 productores que participaron en el proyecto piloto han continuado comprando semillas para los siguientes cuatro años. El trabajo de los productores, así como el interés y apertura mostrados para producir las semillas, es un indicador de satisfacción.

• Con el proyecto de las 800 hectáreas se incrementó la producción en 3,3 veces (pasando de 2,7 a 9t/ha de grano de maíz) en 25 comunidades. Con base a esta experiencia se ampliaría la superficie en 1 500 hectáreas, dimensión que viene condicionada por la capacidad física de las empresas familiares a las que se les asignarían lotes para sembrar 10 hectáreas de semillas, con lo que obtendría semilla certificada comercial para 1 500 hectáreas.

• El incremento de la productividad resulta en una relación costo/beneficio= 1,80, es decir, por cada peso invertido, se recupera el peso y se generan 0,80 pesos adicionales.

• La tolerancia a enfermedades de la variedad híbrida es un instrumento para el manejo integrado de plagas, la sanidad de las plagas y la protección del medioambiente.

Sostenibilidad

• La reproducción de semillas directamente por parte de los productores repercute en la autosuficiencia y es un factor para la resiliencia

• La participación de los productores en el proceso y su formación empodera a los productores para que sean capaces de lidiar con la realidad cambiante y compleja de la actividad agrícola.

Recursos relacionados

• Maíz Híbrido HS-2: http://revista-agroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/view/894/757

• La universidad: motor de transformación de la sociedad: https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/7058/Carzola%20De%20Giusti%20La%20universidad%20motor%20de%20transformaci%C3%B3n%20de%20la%20sociedad%20PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Contexto

La NHSL heredó de una empresa anterior un contrato maestro de arrendamiento que cubría la totalidad de la Jefatura de Makpele (30 700 hectáreas de tierra). Pero hubo serias disputas en la comunidad local, que no fue consultada adecuadamente en la firma del acuerdo de tierras. La NHSL tiene la firme ambición de producir aceite de palma crudo, orgánico y certificado por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés). Para que la empresa cumpliera con estas normas y con la Política Nacional de Tierras (NLP, por sus siglas en inglés) era importante realizar consultas con la comunidad. Además, la NLP estipula que un inversor no debe adquirir más de 5 000 hectáreas de tierra a la vez para grandes proyectos. En consecuencia, la empresa decidió renunciar a la totalidad del contrato de arrendamiento y, mediante la participación y la consulta con las comunidades locales, inició un proceso para obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los propietarios de las tierras y garantizar una mayor transparencia en los nuevos acuerdos de arrendamiento.

Proyecto de inversión

La inversión iniciada en 2014, fue en tierras para una plantación de palma aceitera a gran escala en un campo verde por parte de una empresa privada holandesa, cuyo objetivo era contribuir al desarrollo sostenible, inclusivo y transparente. Para ayudar a resolver el conflicto de tierras, se formó un consorcio entre la NHSL, la ONG internacional Solidaridad, ONG nacionales como NAMATI y WOFHRAD-SL, y Green Scenery como convocante neutral, con el apoyo de la FAO Sierra Leona, en el marco de un proyecto financiado por el LEGEND Challenge Fund, establecido por el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés). Durante 2015 se limpió y plantó la zona de plantación inicial, lo que proporcionó una fuente crucial de empleos necesarios para obtener ingresos durante la época del Ébola. En 2016, comenzó oficialmente el proyecto Legend y desde entonces la NHSL se ha dedicado a ejecutar las actividades del proyecto junto con su objetivo de inversión, ensayando y aplicando el Marco analítico para la debida diligencia en las inversiones agrícolas responsables basadas en la tierra, un instrumento para ayudar a los inversores a identificar, comprender y abordar los riesgos relacionados con las inversiones basadas en la tierra.

Dado que la cuestión de los derechos sobre la tierra de los pequeños propietarios que abastecen a la empresa se consideró un riesgo operacional clave, se llevó a cabo una capacitación en materia de tenencia de la tierra y un mapeo participativo.

Beneficiarios

• Los beneficiarios directos de esta inversión fueron las familias propietarias de las tierras, que cuentan con dos grupos representativos autoconstituidos: MILA (Asociación de Propietarios de Tierras Individuales de Makpele), grupo de agricultores que acordó arrendar sus tierras a la empresa, y MAKLOUA (Asociación de Propietarios y Usuarios de Tierras de Makpele), organización de agricultores que se negó a arrendar sus tierras a la empresa.

• Otros beneficiarios directos fueron las autoridades de las jefaturas locales, incluido el Jefe Supremo - líder de la Jefatura de Makpele y los jefes de sección asociados.

• Los beneficiarios indirectos de la inversión fueron grupos tradicionalmente marginados, entre ellos los de mujeres, como el Colectivo de mujeres de diferentes secciones del cacicazgo y representantes de la juventud. Por otra parte, estos beneficiarios fueron elegidos beneficiarios directos del proyecto Legend para garantizar que no quedaran excluidos del proceso de inversión y de las actividades asociadas. 6 500 beneficiarios recibieron capacitación en materia de tenencia de la tierra en siete jefaturas de tres distritos; 3 900 eran mujeres, y 2 600, hombres.

Proceso de consulta / Metodología

Cuando la NHSL se involucró en la Jefatura de Makpele, se dio cuenta de que la adquisición de tierras realizada por la empresa anterior solo implicaba consultas con la Jefatura y las autoridades gubernamentales; la falta de consulta con los beneficiarios afectados estaba llevando a una clara división dentro de los grupos comunitarios. La NHSL decidió aprovechar la reciente adopción de la NLP de Sierra Leona, inspirada en las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT, también mencionadas en el Principio 5 de los CFS RAI). El paso fundamental fue seguir un enfoque participativo, mediante el establecimiento de una Plataforma de múltiples partes interesadas (MSP, por sus siglas en inglés) para facilitar el diálogo entre las mismas (el lema de la Plataforma era “diálogo abierto”, lo que indicaba que la plataforma se caracterizaba por un diálogo abierto, inclusivo y transparente, que daba lugar a una relación saludable entre las NHSL y los interesados locales). La plataforma incluía a agentes estatales de los niveles provincial y de distrito, la sociedad civil, autoridades tradicionales, agricultores, líderes religiosos, propietarios de tierras, usuarios de la tierra, grupos de mujeres, jóvenes y un representante de la Oficina de Seguridad Nacional. Fue un convocante neutral de grupos el encargado de facilitar la comunicación y el intercambio de información, y ha demostrado ser fundamental para resolver los desacuerdos sobre cuestiones relativas a la tierra, con la participación de partes interesadas a las que inicialmente no se les consultó, como las mujeres y los jóvenes. Las numerosas consultas celebradas a nivel comunitario proporcionaron un espacio neutral para explicar la NLP y mejores prácticas para la gobernanza de la tierra, lo que produjo capacidad entre los miembros de las comunidades.

Todas las partes interesadas afectadas participaron también en el ejercicio de mapeo realizado en las tierras de las familias propietarias, incluidos los propietarios de tierras vecinas que comparten la frontera.

Vínculos con los Principios CFS RAI y factores de éxito

El proyecto comprendía una serie de intervenciones, vinculadas a diferentes Principios CFS RAI, como, por ejemplo:

• Principio 9. Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de reclamación inclusivos y transparentes. La inversión se llevó a cabo mediante consultas con las partes interesadas, acompañadas de formación en el dialecto local sobre la gobernanza de la tierra y los derechos sobre la tierra, y apoyo a los agricultores para que se organizaran. Esto permitió realizar un mapeo participativo de la tierra. También se concertaron acuerdos entre los agricultores de una misma comunidad para establecer límites y ayudar a evitar controversias en el futuro.

• Principio 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Se realizaron formaciones en materia de tenencia de la tierra con perspectiva de género , combinadas con la participación específica de las autoridades de las jefaturas y la educación en materia de género para las familias locales, lo que contribuyó a promover la igualdad de derechos de la mujer en materia de tenencia, porque aunque el apoyo a la propiedad y la herencia de la tierra por parte de las mujeres está claramente definido en la Política Nacional de Tierras, culturalmente no se aceptó. Al mismo tiempo, el movilizar a hombres y mujeres para que aprovecharan juntos sus recursos locales (por ejemplo, mediante el cultivo de mandioca, arroz y cacahuetes) mejoró la condición de la mujer en el seno de sus familias.

La promoción de los grupos de ahorro comunitarios de manera estructurada, con capacitación sobre las oportunidades de generación de ingresos para las mujeres, resultó ser un instrumento esencial para el empoderamiento sostenible de las mujeres dentro de las comunidades.

Resultados e impacto

• Las 30 700 hectáreas de tierra originalmente arrendadas por la NHSL se han reducido a 2 320, todas ellas arrendadas con el pleno apoyo de las familias propietarias y siguiendo estrictamente la NLP de Sierra Leona.

• Se han establecido 216 hectáreas de plantaciones de palma aceitera y en 2019 se iniciaron las plantaciones de las comunidades locales. La zona arrendada ha tenido un nuevo procedimiento de plantación aprobado por la RSPO y procederá a la certificación con arreglo al Reglamento orgánico de la UE en 2021.

• Mayor conciencia entre las partes interesadas sobre los pasos de consulta para acordar la adquisición de tierras (incluida la creación de un cartel sobre el proceso de adquisición de tierras paso a paso que sea comprensible para todos los interesados).

• En 1997 los pequeños propietarios obtuvieron su propia documentación sobre el derecho a la tierra y mapas de las explotaciones agrícolas. Las costumbres y creencias locales relativas al papel y los derechos de la mujer mejoraron como resultado de las intervenciones específicas de género (por ejemplo, la capacitación en materia de tenencia de la tierra con perspectiva de género).

• Se firmaron 68 acuerdos con propietarios de tierras, de los cuales el 35% fue firmado por mujeres.

• Para destacar la importancia de mantener las tierras agrícolas para la producción de cultivos propios, la NHSL estableció como requisito estricto durante el ejercicio mapeo que ninguna familia arrendara el 100% de sus tierras, manteniendo al menos el 30% de las mismas en reserva para futuras empresas alimentarias o agrícolas que la familia quisiera emprender. Como resultado, muchas familias propietarias de tierras eligieron activamente arrendar menos tierras y mantener más tierras para la producción de alimentos.

• Inclusión de miembros de las jefaturas anteriormente excluidos, como las mujeres y los jóvenes, en la estructura de toma de decisiones.

• Las actividades del proyecto Legend ayudaron a mejorar los medios de vida locales y proporcionaron servicios de extensión en la producción de arroz, mandioca y cacahuetes. Más de 6 500 beneficiarios individuales en siete jefaturas de tres distritos.

Limitaciones / Retos

• Las tensiones entre la comunidad y la compañía eran altas, principalmente por la forma en que se había firmado el contrato de arrendamiento anterior. Las comunidades locales no confiaban en la NHSL, y bastantes propietarios no estaban dispuestos a arrendar sus tierras. Al renunciar al antiguo contrato de arrendamiento, la NHSL demostró su compromiso de entablar un diálogo significativo con las comunidades.

• Cuando trataron de hablar con las comunidades sobre los derechos a la tierra, se plantearon preocupaciones inmediatas sobre la seguridad alimentaria, que se consideraron la mayor prioridad. Por ello, además de otras actividades, la ONG Solidaridad apoyó a los campesinos para que se organizaran en grupos y les capacitó en buenas prácticas agronómicas para la producción de ciertos alimentos básicos, incluyendo el desarrollo de parcelas de demostración de cultivos alimentarios.

Sostenibilidad

• La sostenibilidad de esta inversión está vinculada a los mercados locales y mundiales de aceite de palma. Para asegurar la sostenibilidad económica, la operación comercial procuró tener oportunidades de alto margen y satisfacer las cuestiones clave de la demanda, asegurando un producto de alta calidad con reconocimiento, mediante la adhesión a normas estrictas, por sus métodos de producción social y ambientalmente responsables, auditados por organismos de certificación de terceros independientes.

• La inversión permitió que las comunidades locales sintieran los beneficios tangibles durante un largo período de tiempo, contribuyendo así a su propia trayectoria de desarrollo sostenible, como se manifestó en el amplio proceso de consultas. Por ejemplo, al incluir la capacitación de la comunidad para aplicar buenas prácticas agronómicas en la producción de ciertos alimentos básicos, se abordaron las principales necesidades urgentes en materia de seguridad alimentaria.

• Existe un proceso en curso para probar la aplicabilidad de un proyecto de Proceso de Aprobación de Inversiones en Agronegocios (AIAP, por sus siglas en inglés) con los inversores del país, a través de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Sierra Leona (SLIEPA, por sus siglas en inglés). El objetivo es orientar y asesorar a los inversores sobre la forma de proceder al adoptar medidas de inversiones en tierras y asegurar que estas sean responsables, se rindan cuentas y cumplan determinadas directrices, principios, leyes y políticas nacionales e internacionales relacionadas con la inversión agrícola. El testeo del AIAP se basa en las lecciones aprendidas de la ejecución de este proyecto y contribuirá a evitar que se cierren tratos sobre tierras sin consultar debidamente a todas las partes interesadas afectadas (a través del CLPI).

Recursos relacionados

• The LEGEND Project: Accomplishments & Lessons: https://www.plantingnaturals.com/the-legend-project-accomplishments-lessons/

• Solidaridad: Applying the VGGT to the responsible development of a large-scale oil plan plantation in Sierra Leone: https://landportal.org/partners/legend/project/solidaridad

• Protecting Community Rights to Land in Sierra Leone: https://www.solidaridadnetwork.org/news/protecting-community-rights-to-land-in-sierra-leone

• Non- profits and business team up for land governance in Sierra Leone: https://ecdpm.org//great-insights/civil-society-business-same-direction/non-profits-business-land-governance-sierra-leone/

• Solidaridad resolves land dispute in Makpele Chiefdom: http://slconcordtimes.com/solidaridad-resolves-land-dispute-in-makpele-chiefdom/

• Solidaridad - The LEGEND Project: Accomplishments and Lessons: https://landportal.org/library/resources/solidaridad-legend-project-accomplishments-and-lessons

• Analytical Framework for Land-Based Investments in African Agriculture: https://www.land-links.org/global-policy/analytical-framework/

Contexto

La Coordinadora de Mujeres Aymaras (CMA) es una asociación de artesanas, integrada por mujeres de la etnia aymara, que viven en la pobreza y que realizan sus actividades a más de 3 800 metros sobre el nivel del mar en el altiplano peruano.

La CMA se preocupa por la defensa de los derechos de la mujer, la capacitación en liderazgo, la seguridad alimentaria, la salud, etc. Las condiciones geo climáticas donde viven son sumamente complicadas para el desarrollo de la agricultura. Una actividad que puede ayudarles a mejorar sus ingresos es la artesanía, utilizando la lana de alpaca (Vicugna pacos). La alpaca es un camélido doméstico del altiplano peruano cuya lana se ha utilizado tradicionalmente para la realización de prendas de punto, principalmente ponchos y mantas. A pesar de su gran destreza en el tejido de estas prendas, las artesanas necesitaban mejorar tanto el diseño de nuevas prendas como sus capacidades en la gestión para poder comercializarlas.

Proyecto de inversión

En el año 2007, la CMA inicia un proyecto cogestionado con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en el que contaron con 250 000 USD de financiación pública para llevar a cabo talleres de formación de la capacidad técnica en confección, control de calidad, actividades de post producción, etc. así como de gestión y trabajo en equipo.

Beneficiarios

Las beneficiarias directas del proyecto son cerca de 300 mujeres artesanas de la CMA, y sus familias, procedentes de 22 distritos de la Provincia de Puno, en Perú, ubicados a orillas del lago Titicaca.

Relacción con los Principios CFS RAI

Principio 1: Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición. Las artesanas usan los ingresos generados por las ventas de sus productos para financiar sus actividades agropecuarias comprando semillas, abonos, alquilando maquinaria agrícola, mejorando su capacidad de producción de alimentos de la zona que dedican al autoconsumo. Esto indirectamente ayuda a mejorar la seguridad alimentaria de sus familias.

Principio 2: Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza. Los beneficiarios han incrementado sus ingresos mediante la mayor comercialización de sus artesanías, ayudando a combatir la pobreza, dando una alternativa a las artesanas que han exportado sus productos a diferentes países.

Principio 3: Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Al invertir en una asociación de mujeres, el proyecto ha priorizado su empoderamiento y les ha permitido convertirse en líderes en su propio proceso de desarrollo.

Principio 6: Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la resiliencia. La actividad artesanal de la CMA ayuda a preservar el medio ambiente pues da un uso a la fibra de alpaca, cuyo pastoreo evita la desertificación de las altiplanicies. El tejido de prendas no genera muchos desechos y los mismos son reutilizados en la elaboración de productos reciclados.

Principio 7: Respetar el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales y respaldar la diversidad y la innovación. La CMA basa su éxito en el respeto a las tradiciones y costumbres de la cultura aymara, combinando la cosmovisión andina con la modernización de sus procesos y la mejora de sus productos.

Resultados e impacto

• Cada 1 USD invertido ha generado 3 USD para las beneficiarias. Se han mejorado los ingresos de las beneficiarias en un 30% y esto ha permitido invertir en actividades agrícolas y en su seguridad alimentaria.

• Se ha capacitado a las mujeres como líderes y se ha establecido un organigrama y una metodología de trabajo en equipo.

• Se han diversificado los productos realizando prendas para mujeres, hombres, niños, bebés y artículos para el hogar.

• La CMA se ha profesionalizado y comercializa sus productos a través de su página web.

• Se han comercializado prendas en nueve países.

• La diversificación de la actividad ha ido más allá de los resultados esperados ofreciendo el servicio de confección a terceros para producir sus propios diseños.

• La satisfacción de las artesanas se refleja en el aumento del número de miembros de la CMA y en las encuestas periódicas que se realizan de forma interna para mejorar los procesos.

Sostenibilidad

• La profesionalidad de la CMA ha sido compatible con el respeto a las costumbres y a la idiosincrasia de las artesanas.

• La CMA inició sus actividades como entidad jurídica desde el año 2008. A medida que la CMA continúa sus actividades, sus integrantes se encargan cada vez más de ella, aprendiendo y llevando a cabo las diferentes actividades comerciales según sus necesidades.

• La CMA va poco a poco asumiendo los gastos de funcionamiento de la inversión, aumentando el nivel de autosuficiencia.

Recursos relacionados

• Quienes somos. Coordinadora de Mujeres Aymaras: https://mujeresaymaras.com/es/

• Mujeres aymaras de Puno participarán en Feria Perú Moda 2019: https://www.tvperu.gob.pe/noticias/regionales/mujeres-aymaras-de-puno-participaran-en-feria-peru-moda-2019

Contexto

Establecida como una empresa conjunta con un conglomerado de Sri Lanka (Sunshine Holdings) y un administrador de activos con sede en Singapur, Watawala Dairy Limited (WDL) fue la primera lechería a gran escala (>2 000 animales) que se construyó en Sri Lanka con modernas instalaciones de ordeño.

Proyecto de inversión

• El objetivo del proyecto era desarrollar una nueva estructura de producción lechera en un país con déficit de lácteos.

• La inversión consistió en la adquisición de una finca de té de 500 hectáreas que alberga a más de 1 000 recolectores de té y sus familias, que viven en la finca, y utilizar el terreno para construir el centro de producción lechera (~ 14 hectáreas), así como en la conversión de parte de la finca marginal de producción de té (~ 160 hectáreas) en forraje de pasto para las vacas y la dedicación del resto del terreno a seguir cultivando el té.

• Así, los inversores no solo tenían que asumir la responsabilidad del sustento de los residentes de la finca, sino también asegurarse de que los factores sociales no perturbaran el logro de sus objetivos financieros.

Beneficiarios

• Directos: los accionistas de la empresa, esto es, Sunshine y el inversor de Singapur.

• Indirectos: la comunidad local dentro de la plantación de té, así como la comunidad de las plantaciones locales (> 2 000 hogares).

Vínculos con los Principios CFS RAI y factores de éxito

Para mitigar los posibles riesgos identificados en la inversión, concretamente la existencia de una comunidad con una dependencia económica de la plantación de té, los inversores utilizaron los CFS RAI a fin de proporcionar un marco para gestionar y evaluar sus actividades desde la planificación inicial del proyecto.

La inversión se basó en varios Principios CFS RAI, por ejemplo:

• Principio 2. Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza.

- La demanda de una mano de obra cualificada para el nuevo proyecto lechero requería aptitudes e iniciativas de formación para volver a capacitar a los recolectores de té, es decir, para operar la sala de ordeño automatizada, los sistemas de gestión de alimento animal, la cría de animales y las operaciones de maquinaria agrícola; esas aptitudes exigen salarios más altos y, por lo tanto, un aumento de los ingresos de los hogares de la finca.

- WDL decidió convertir las tierras no utilizadas de la finca en áreas para el cultivo de pasto forrajero adecuado para la lechería. Con la introducción de esta iniciativa, se crearon más de 100 puestos de trabajo perennes para emplear a la comunidad local en la plantación, mantenimiento y cosecha de las plantaciones.

- Además, los trabajadores de la finca ya empleados, tras haber completado su trabajo regular de la finca por la mañana, se les dio la oportunidad de obtener ingresos adicionales trabajando los turnos de la tarde en el pastizal.

• Principio 5. Respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el acceso al agua.

- Se llevó a cabo un proceso de consulta y educación con los trabajadores que vivían en la finca de té para involucrarlos en la planificación del desarrollo del proyecto lechero.

• Principio 10. Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas.

- Se instituyó una metodología sólida de reporte y seguimiento, con un proceso estricto para vigilar y medir los impactos, incluida la participación de partes independientes en las evaluaciones.

- Tras el cierre de la inversión, la empresa emprendió inmediatamente un detallado proceso de diligencia debida ambiental y social sobre el patrimonio, que incluía una evaluación de línea de base del patrimonio, para establecer indicadores clave de desempeño y métricas de riesgos relacionados con las operaciones en conexión con la sostenibilidad.

- A través de esta evaluación se desarrollaron varias iniciativas, entre ellas un programa de cultivadores subcontratados y la creación de una fuente de suministro de agua limpia para la comunidad (véase la sección sobre “Resultados e impactos” para más detalles).

Proceso de consultas

• Durante la fase de planificación del proyecto, tanto Sunshine como los inversores, emprendieron conversaciones con consultores y asesores gubernamentales para formular un plan maestro para el desarrollo de WDL, y para consultarlo y comunicarlo a la comunidad local.

• Entre los asesores figuraban los ministerios locales y nacionales encargados de la agricultura, el comercio, la industria del té y las inversiones, así como asesores del sector privado, tanto de origen local como extranjero.

• Estos debates consolidaron el compromiso de los inversores con la visión de proteger y elevar las oportunidades para la comunidad local.

• Para cimentar este compromiso, la visión compartida de ambas partes se documentó en el acuerdo de inversión, que incluía el requisito de que los informes anuales de sostenibilidad se entregarían en un plazo de 90 días a partir de la finalización de los estados financieros auditados.

• Se organizaron con la comunidad días y eventos de intercambio de información, así como sesiones de retroalimentación sobre el desarrollo del proyecto.

Resultados e impactos

• Los ingresos de los hogares en la finca aumentaron gracias a la creación de empleos cualificados y a la capacitación relacionada.

• Se redujo la tasa de desempleo local, estimada en un 15%.

• Creación de una fuente de suministro de agua limpia para la comunidad. Tradicionalmente, el agua suministrada a los hogares de las fincas de WDL había sido aportada a través de tuberías que desviaban el agua de los arroyos de las tierras altas. Debido a la falta de captaciones fiables de agua, la comunidad local se enfrentaba a problemas de abastecimiento para uso doméstico durante la estación seca en febrero y marzo. Durante este período, también había que llevar a cabo programas de racionamiento de agua para asegurar un suministro adecuado. El agua tenía que ser transportada varios cientos de metros desde otras fuentes. Gracias al proyecto, se construyeron dos presas interconectadas (12 000 m³ y 60 000 m³) en la explotación con el fin de almacenar agua para el consumo diferido. Hasta la fecha, el almacenamiento de agua ha tenido éxito en el suministro de las necesidades continuas, tanto de WDL como de la población local, durante todo el año y la temporada seca.

• Además, se estableció una unidad de filtro de carbono para permitir el paso del agua que es sanitaria.

Limitaciones

• La contratación de un consultor independiente fue costosa en relación con la rentabilidad inicial del negocio y el tamaño relativo de la inversión, especialmente con la empresa en su fase de desarrollo.

• Los costes de seguimiento y presentación de informes también fueron elevados, ya que el equipo tuvo que dedicar más tiempo al seguimiento y la vigilancia de las iniciativas para garantizar la transparencia.

• Como las zonas que se transformaron para cultivar hierba forrajera adecuada para la lechería eran en su mayoría montañosas y con un terreno ondulado, WDL tuvo que hacer una importante inversión financiera para despejar y nivelar 150 hectáreas para la plantación.

Sostenibilidad

• Aunque la inversión se inicia principalmente para obtener rendimientos financieros, el negocio incorporó prácticas sostenibles como estrategia básica de mitigación de riesgos para los riesgos reglamentarios, operacionales y sociales.

• Los accionistas emplearon a un consultor en materia ambiental, social y de gobernanza, con experiencia en la verificación del cumplimiento de los proyectos con estándares internacionales de sostenibilidad.

• En consecuencia, la empresa conjunta logró combinar las perspectivas para obtener beneficios mutuos entre los inversores financieros y corporativos, así como su intención de incorporar prácticas sostenibles en el negocio.

• La aceptación de los interesados, incluida la comunidad local, y una visión compartida del desarrollo sostenible hicieron que el negocio tuviera éxito.

• La iniciativa se ha convertido en un proyecto de exhibición de productos lácteos en Asia y su efecto demostrativo ha sido importante para la industria. Representantes de la industria de toda Asia meridional y sudoriental siguen visitando el proyecto para aprender de su modelo operacional y comunitario.

Contexto

En Argentina, el actual sistema de producción agrícola, que deriva de una agricultura intensiva, no aborda los reales problemas del mundo rural: despoblación, falta de inversión en servicios básicos, pérdida de oficios y pueblos rurales en riesgo de desaparición. Esto configura un panorama social y económico complejo y de futuro incierto, lo que justifica la necesidad de políticas y proyectos dirigidos a revertir este proceso. Con este fin, se llevó a cabo una estrategia de formulación y ejecución posterior de proyectos de desarrollo rural, adaptando una Planificación basada en el Aprendizaje Social (involucrando a la población) y recogiendo elementos del Programa LEADER de la Unión Europea.

Proyecto de inversión

El objetivo del proyecto piloto fue doble: por un lado, el desarrollo de capacidades, y por otro, la movilización de inversión privada para el fomento de proyectos de emprendimiento vinculados con el medioambiente, la producción local y el patrimonio turístico, complementarios al desarrollo rural.

Contó con financiación pública de la Cooperación Española (50%), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (25%) y del Municipio de Punta Indio (25%) por un total de 15 000 euros, que se utilizaron para el diseño de la estrategia, la promoción de las actividades y la cofinanciación de los emprendimientos desarrollados en:

- Realización de talleres sobre gobernanza y talleres temáticos sobre los emprendimientos, identificados por la UNLP.

- Compra de insumos y cesión de espacios por parte del Concejo Municipal de Punta Indio para la puesta en marcha y desarrollo de los emprendimientos privados.

De las ideas surgidas se llevaron a cabo algunos proyectos turísticos por el Concejo Municipal de Punta Indio.

La financiación pública aportada por las 3 instituciones señaladas supuso el 40%, consiguiendo una movilización privada de 22 500 euros (un 60%), para un total de 37 500 euros. Con ese monto total se implementaron los proyectos que se describen en la parte “Resultados e impacto”.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos fueron 40 jóvenes, hombres y mujeres con interés y vocación emprendedora. Los beneficiarios indirectos fueron los 660 habitantes de Punta Indio.

Relación con los CFS RAI

Los proyectos que se generaron tenían un enfoque holístico con relación a los 10 Principios CFS RAI. Pero particularmente en:

• Principio 2: Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza: El diseño y la aplicación de una estrategia conjunta con la comunidad buscaba soluciones en el corto, mediano y largo plazo.

• Principio 3: Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y

• Principio 4: Potenciar la participación y el empoderamiento de los jóvenes. En los talleres se potenció y garantizó la participación de jóvenes y mujeres que desempeñaron un papel activo en las propuestas de desarrollo, ya que a ellos se dirigía la intervención para generar su arraigo en la comunidad.

• Principio 6: Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales. La historia y las tradiciones se reconocieron como una fortaleza y fueron directrices para la identificación de actividades de emprendimiento. Como ejemplo, se rescató el trabajo de alfarería realizado por comunidades indígenas hace 1 000 años.

• Principio 9: Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de reclamación inclusivos y transparentes. Se conformó un Grupo de Acción Local (GAL), aplicando la metodología de Working With People (práctica profesional que conecta conocimiento y acción incorporando las componentes técnico-empresarial, ético-social y político-contextual). El GAL se ocupaba de compartir la información pertinente para la inversión de forma inclusiva, equitativa, accesible y transparente en todas las fases de los proyectos generados.

Resultados e impacto

• Conformación del GAL de Punta Indio, una entidad civil promotora y coordinadora del desarrollo en la localidad y que ayuda a crear una institucionalización del proceso de desarrollo.

• Ejecución de 12 proyectos definidos en la estrategia:

- producción de plantas aromáticas, de hongos, apícola, de horticultura orgánica, de plantas autóctonas, de lombricompostaje;

- producción de artesanía en arcilla, tejido a mano (emprendidos y financiados por los beneficiarios con apoyo del Concejo Municipal de Punta Indio para la compra de insumos y cesión de espacios);

- proyectos turísticos de Centro de Interpretación y museo temático;

- elaboración de un mapa zonal de sitios históricos y una agenda anual de actividades para administrar visitas guiadas con fines turísticos (emprendidos y financiados por el Concejo Municipal de Punta Indio).

• Diversificación de la producción local: proyectos agrarios como alternativa al monocultivo, proyectos turísticos, y proyectos de uso y preservación de los recursos naturales y de puesta en valor de la fauna y flora autóctona.

• Se constató una satisfacción de la comunidad a través de algunas encuestas.

Sostenibilidad

• La continuidad de la estrategia incluía distintas líneas de acción y etapas con el foco puesto en el desarrollo turístico, pero al no existir una regulación provincial o nacional en Argentina que contemple este tipo de iniciativa, lamentablemente no se puede hablar de sostenibilidad en lo que respecta a la estrategia en su conjunto.

• El equipo de trabajo que desarrolló la estrategia promovió una ley que alcanzó estatus parlamentario en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires como: “Programa LEADER (Relaciones entre Acciones para el desarrollo de la economía rural sostenible) de la Provincia de Buenos Aires”. Actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires para su futura aprobación, lo que hace ver la importancia de la actividad desarrollada.

• La sostenibilidad se evidencia porque, a pesar de que los proyectos turísticos emprendidos por el Concejo Municipal de Punta Indio no han tenido continuidad, debido al esfuerzo de los propios emprendedores, los proyectos de inversión privada continúan activos y exitosos:

- La producción de hongos se vende a supermercados y restaurantes de la región.

- La actividad apícola se vende en el mercado local y a granel para la exportación.

- La producción hortícola orgánica se ha expandido con otros emprendedores.

- El vivero de plantas autóctonas continúa y ha provisto de plantas al municipio para planes de reforestación.

- El productor de lombricompostaje vende plantas autóctonas al vivero, que las utiliza como insumo.

- La artesanía en arcilla recrea antigüedades (recreando antiguos elementos usados por comunidades hace 1 000 años) que se venden como recuerdos.

Recursos relacionados

• European Network for Rural Development: LEADER/CLLD https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_es

• El desarrollo rural en Argentina evolución y propuesta de un modelo de intervención para las comunidades rurales despobladas de la región pampeana. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=185426

• Desarrollo rural en territorios rurales con problemas de despoblamiento: marco conceptual y análisis del caso de Punta Del Indio, Argentina: https://www.aeipro.com/files/congresos/2010madrid/ciip10_2033_2045.2881.pdf

Solo en inglés:

• Developing Competencies for Rural Development Project Management through Local Action Groups: The Punta Indio (Argentina) Experience https://www.researchgate.net/publication/316621718_Developing_Competencies_for_Rural_Development_Project_Management_through_Local_Action_Groups_The_PuntaIndio_Argentina_Experience

1 Estas son dos de las cinco dimensiones normativas para asegurar la realización del derecho a la alimentación.

2 La educación alimentaria y nutricional consiste en una variedad de estrategias (incluyendo la difusión de información, el empoderamiento, actividades educativas) implementadas a distintos niveles, que tienen como objetivo ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias.

3 El indicador a.2 del ODS 5 y la herramienta de evaluación jurídica (LAT, por sus siglas en inglés) de tenencia de la tierra con equidad de género de la FAO permiten identificar en qué medida garantiza un marco legal los derechos legales de las mujeres sobre la tierra, así como las áreas en las que hay necesidad de reformas.

4 Por ejemplo, en México, debido a las crecientes ocurrencias de desastres naturales, el Gobierno adoptó el programa Componente de atención a desastres naturales (CADENA). En virtud de este programa, el Gobierno compra a las compañías de seguros, al principio de cada ejercicio económico, un seguro de índice meteorológico para pequeños agricultores, de modo que, en caso de desastre natural, los agricultores que reúnan las condiciones necesarias reciban pagos en efectivo de la compañía de seguros. A través de esta iniciativa ha habido un aumento de las compañías de seguros privadas dispuestas a vender a los pequeños agricultores.

5 El FMAM y el GCF son los fondos más prominentes dedicados a afrontar los desafíos ambientales a nivel mundial. El GCF se centra específicamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la mejora de la respuesta al cambio climático. Ambos fondos movilizan y canalizan la financiación para el clima en apoyo de los países en desarrollo, incluida la ayuda a la transición a una agricultura más sostenible y resistente.

6 Las medidas se enumeran para dar una idea del amplio papel que pueden adoptar los parlamentarios, pero no son exhaustivas y pueden variar según el contexto del país.

7 Por ejemplo, en el Parlamento de Ghana, entre los comités que podrían estar relacionados con las IAR están: Alimentación, Agricultura y Cacao; Tierras y Silvicultura; Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología; Comité Empresarial, Empleo, Bienestar Social y Empresas Estatales; Gobierno local y desarrollo rural; Juventud, Deportes y Cultura.

8 Un ESIA permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales de un proyecto de inversión.

9 Los Principios rectores de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos pueden ser útiles, ya que constituyen un conjunto de directrices para que los Estados y las empresas prevengan, aborden y remedien los abusos de los derechos humanos cometidos en las operaciones comerciales.

10 Traducción no oficial.

11 Traducción no oficial.

12 Traducción no oficial.

13 Según la traducción no oficial de la Ley.

14 Artículo 49 (nuevo) Poderes de aprobación de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional tiene potestad para aprobar inversiones en:

1. Participación del Estado en el capital por un valor de más de 20 000 millones de kip en una alianza público-privada;

2. Proyecto de construcción de una central nuclear;

3. Negocio de casinos y juegos de azar;

4. Ampliación del plazo de concesión de una zona económica especial;

5. Negocios que impliquen la conversión de un bosque nacional reservado y un bosque protegido;

6. Negocios que tengan un impacto grave en el medio ambiente, la naturaleza y la sociedad, por ejemplo, una desviación de un flujo natural de agua, un reasentamiento de 500 familias o más, una concesión de tierras de 10 000 hectáreas o más y otros proyectos especificados en las leyes pertinentes;

7. Proyectos que requieren incentivos especiales.

Los proyectos o temas no incluidos en la relación anterior se ajustarán a las leyes y reglamentos aplicables de las autoridades sectoriales pertinentes. Las Asambleas provinciales consideran la posibilidad de aprobar la inversión en proyectos de nivel local de acuerdo con su jurisdicción, según lo establecido en las leyes pertinentes.

15 Artículo 19 (enmendado) Otros incentivos de apoyo. Los inversores reciben otros incentivos de apoyo de la siguiente forma:

1. Ser considerados para el reconocimiento del Gobierno en las diferentes formas que se consideren apropiadas para los inversores que han cumplido sus obligaciones fiscales de manera oportuna, han contribuido al desarrollo de la comunidad, de la sociedad, y se centran en la solución de los problemas ambientales y el desarrollo de las capacidades laborales del país, según lo certificado por los organismos gubernamentales pertinentes y las autoridades locales.

2. Recibir facilidades para la obtención de un permiso de residencia y un visado de negocios de múltiples entradas para los inversores extranjeros según el plazo de la inversión.
Se facilitará a los inversores extranjeros y a sus familias, al personal técnico y a los expertos extranjeros su entrada y salida de la República Democrática Popular Lao y su solicitud de visado de entrada múltiple por un máximo de cinco años por vez.

3. Si se considera que se necesitan incentivos especiales adicionales en un determinado sector o zona, el Gobierno lo propondrá a la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional o a la Asamblea Nacional para su examen y aprobación.

El Gobierno establecerá normas sobre la aplicación de otros incentivos de apoyo a la inversión para los inversores.

16 Traducción no oficial.

17 Traducción no oficial.

18 El Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028 tiene como objetivo arrojar luz sobre lo que significa ser un agricultor familiar en un mundo en rápida evolución y pone de relieve más que nunca el importante papel que desempeñan en la erradicación del hambre y en la configuración de nuestro futuro alimentario.